El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, anunció que se está estructurando un proyecto por medio del cual las personas privadas de la libertad que cumplan con los requisitos que exige la ley para beneficiarse con detención domiciliaria paguen por sus brazaletes, además, entre otras modificaciones buscan la forma de financiar más integrantes para el cuerpo de custodia.
El proyecto que se ha venido planteando desde el 2019 y que aparentemente ya es casi un hecho se pensó para atacar dos cosas que se han venido denunciando con el tiempo sobre la institución, por una parte la disminución de personas en los centros carcelarios para atacar el hacinamiento y por otro, tener recursos libres para invertir en otras necesidades como contratar más guardias.
Ruiz aseguró que sería para que la persona detenida o la familia de este paguen por el brazalete y así poder acceder al beneficio de detención domiciliaria. De esta forma, reducir el hacinamiento en uris, estaciones de Policía y prisiones del país.
“Por ejemplo, tenemos más de 600 personas condenadas de inasistencia alimentaria, delitos menores (...) Que interesante sería que quien quisiera tener un beneficio de estos (brazalete) lo pague, sea la familia o el detenido. Es un problema que como Gobierno Nacional nos preocupa, en Bogotá hemos sacado a muchas personas de las estaciones de Policía y seguimos trabajando”, enfatizó.
Pese a que las cárceles se han ido descongestionando debido al número de contaminados por Covid-19 al interior de los establecimientos carcelarios, el hacinamiento ha sido un problema recurrente en el país.
Según las últimas cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) presentadas en el 2020, existan 124.188 personas que están en condición de intramuros, pero según la capacidad que tienen las 132 instalaciones en el país, solo hay espacio para 80.156 reclusos, por lo que hay una sobrepoblación de 44.032.
El ministro señaló que, se está definiendo el costo del brazalete que se daría mediante una licitación pública donde se definirá cuál sería el modelo en cuanto a calidad y precio que se utilizaría para implementar este proyecto.
También mencionó que se está definiendo qué sucedería con los reclusos que no cuenten con los recursos para financiar dicho brazalete.
El proyecto tendría relación con la condición que tengan los presos dentro de los procesos penales; es decir si se encuentran en fase de indiciados (investigados) deberán recibir el beneficio de detención domiciliaria pero si ya se emitió una sentencia condenatoria podrían solicitar la casa por cárcel dependiendo del caso.
“Es un estudio que estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia y del Derecho para que cada interno que tenga derecho al beneficio y quiera obtener la libertad, se le otorgue el brazalete electrónico pero este sufragarlo él o los parientes de él; es inaudito que una persona que haya cometido el delito en Colombia, el Estado tenga que sufragar el valor de una manilla electrónica un brazalete electrónico”, comentó el ministro.
Por otro lado, la reforma plantea el contrato de más funcionarios en el Inpec, ya que la institución necesita integrantes en el cuerpo custodial por la cantidad de presos y en el caso que aumenten personas con casa por cárcel para que los presos no incumplan el acuerdo.
“Con el director general del Inpec estamos tratando aumentar el número de custodios o de guardias para evitar que estas personas se burlen de la justicia utilizando el brazalete electrónico”, anunció el funcionario.
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