La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) escuchará este viernes 12 de febrero la versión del mayor general retirado del Ejército Nacional Guillermo Quiñones Quiroz, dentro del caso de ‘falsos positivos’.
Esta diligencia ordenada por la Sala de Reconocimiento del Tribunal de Paz se desarrollará con presencia de las víctimas a través de medios virtuales, en el marco del caso 03 relacionado con las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
En esta diligencia, ocho abogados representantes de los colectivos de víctimas estarán interviniendo la versión del mayor general y 51 víctimas podrán seguir la transmisión en vivo.
A su vez, la JEP indicó que con esta diligencia se continua el proceso de esclarecimiento de los hechos ocurridos en la región del Casanare, donde actualmente se encuentran estudiando 197 presuntas muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008 por la Brigada XVI.
Estos casos habrían ocurrido en los municipios del departamento de Casanare: Pajarito, Labrazagrande, Pisba en Boyacá, Barranca de Upía en Meta; Tame en Arauca y Paratebueno en Cundinamarca.
“Sobre estos hechos, la Sala debería determinar la responsabilidad después de la contrastación, imputar y llamar a reconocer a aquellos que tuvieron las máximas responsabilidades”, aseguró la Jurisdicción Especial para la Paz.
Por su parte, algunas víctimas de ‘falsos positivos’ representadas por el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda señalaron, a través de un comunicado, que esperan que en estas versiones voluntarias se cuente la verdad de lo que sucedió con sus familiares.
“Muchas de estas personas fueron ejecutadas y desaparecidas cuando los señores Cipriano Peña Chivatá y Guillermo Quiñones Quiroz se encontraban al mando de la Brigada Móvil No. 12 y Cuarta División del Ejército respectivamente, por lo que las familias solicitan a la JEP determinar su presunta responsabilidad”, aseguró el director ejecutivo del colectivo, César Santoyo Santos.
De igual manera, el director ejecutivo aseguró que este colectivo ha podido comprobar la responsabilidad del Estado en 15 casos de graves violaciones de derechos en los departamentos de Guaviare y Meta, particularmente de ‘falsos positivos’ de campesinos a manos de uniformados, “bajo la comandancia del entonces General Guillermo Quiñones”.
A su vez, el colectivo de víctimas indicó que en estos 15 casos comprobados por los que han sido condenados seis militares a través de un proceso penal, la justicia del país demostró que se trató de ejecuciones extrajudiciales.
“Según la documentación realizada por organizaciones sociales, las ejecuciones extrajudiciales en modalidad de falsos positivos fueron una práctica generalizada y sistemática dentro de las diferentes unidades militares que operan en los Llanos Orientales”, indica el comunicado de la colectividad.
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Por su parte, la JEP indicó que en el caso referente a las ejecuciones extrajudiciales se han recibido 419 versiones, en las que han participado 330 comparecientes, a la vez que se han acreditado 720 víctimas.
Denuncian “pacto de silencio” orquestado desde Fondetec para que militares no acusen a altos mandos por casos de falsos positivos
Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), y otras organizaciones de derechos humanos y de víctimas, rechazaron la presunta existencia de un pacto de silencio entre agentes estatales orquestado con el Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec), para ocultar hechos que rodearon los falsos positivos y las desapariciones forzadas y así proteger la responsabilidad de altos mandos militares.
Varios medios de comunicación han hecho referencia a las versiones voluntarias rendidas por comparecientes de la Fuerza Pública ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que afirman haber recibido presiones por parte de Fondetec para ocultar o tergiversar información, generando barreras al esclarecimiento de la verdad sobre la responsabilidad de integrantes del Ejército Nacional en estos crímenes.
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