Esta semana se conocieron nuevos detalles sobre el doloroso incendio que acabó con la vida de ocho personas al interior de un CAI ubicado en el sector San Mateo, municipio de Soacha. La Procuraduría General de la Nación anunció que, a través de la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, citó a audiencia pública al teniente César Augusto Martínez Fernández, a la subteniente Aleida del Pilar González Quiroz y al patrullero Jorge Eliécer Suárez Orduz.
Según el Ministerio Público estos hechos sucedieron, al parecer, durante intento de amotinamiento en el que los detenidos iniciaron un incendio en señal de protesta por la suspensión de las visitas familiares previamente establecidas, el pasado 4 de septiembre de 2020.
En la mañana de este miércoles, la revista Semana reveló un nuevo testimonio dado por Nelson Escobar, uno de los jóvenes que se encontraba recluido en la estación de Policía y que, ahora, sirve como testigo a las autoridades para determinar si los oficiales actuaron de manera indebida durante la tragedia.
Escobar reveló que, efectivamente, uno de los detenidos, conocido como ‘Pecueca’, decidió quemar una cobija en señal de protesta por la suspensión de la visitas, pero que la situación se le salió de control. Sin embargo, entre los detalles más dolorosos que dio a conocer el sobreviviente es que, mientras ellos se quemaban adentro de la celda, los oficiales encargados de ellos les gritaban desde afuera “que se quemaran”, mientras les exhibían las llaves.
Este y otros testigos aseguraron que esa reprochable conducta fue del patrullero Jorge Eliécer Suárez Orduz, quien, según retrató Blu Radio de los testimonios, tenía las llaves en su bolsillo, pero ni siquiera intentó abrir la celda y les dijo a los detenidos “pues quémense”.
La Procuraduría ha señalado que Suárez, en su condición de custodio en servicio en la estación policial y encargado de las llaves de los dos candados con los que se aseguraba la celda, “debió proceder de manera inmediata a mitigar el fuego con la utilización del extintor y abrir la reja para que salieran los detenidos preservando su vida e integridad”.
También señaló que el teniente César Martínez y la subteniente Aleida González, quienes se desempeñaban como comandante y subcomandante de la citada estación de Policía, respectivamente, no impartieron las órdenes necesarias para evitar las lesiones de los mencionados tres detenidos, así como la muerte de las ocho personas restantes que compartían la celda.
“Cometió al parecer varias omisiones y no lideró las acciones para salvaguardar la vida de las personas detenidas y por el contrario fueron sus subalternos los que tomaron decisiones en desorden y desgano”, expresó el Ministerio Público sobre la subteniente.
Dichas faltas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo, conforme al Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, “pues con su comportamiento presuntamente omisivo habrían incurrido en los delitos de homicidio y lesiones con perturbación funcional”, concluyó la entidad.
Vale recordar que, este proceso ya tuvo una primera etapa en la que fueron llamados prestar declaración el superior que estaba encargado de la Estación de Policía de San Mateo, los uniformados que permanecían de servicio cuando sucedió el incendio y el concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien habría sido uno de los primeros funcionarios públicos que denunció la posible culpabilidad de los uniformados en la muerte de los detenidos.
De la misma forma, durante la audiencia que se desarrolló en la mañana de este 10 de febrero, se revelaron los resultados de Medicina Legal, la entidad concluyó en su informe que se descarta el uso de químicos acelerantes del fuego como gasolina.
Sin embargo, según investigadores en el caso, en la escena de los hechos, que ahora se convertiría, según los testimonios, en la escena de un crimen, se encontraron rastros de gasolina, lo que habría desatado la propagación masiva del fuego. Así mismo, informó Semana, quedó reportado que, según testigos del caso, no hubo mucho esfuerzo humano, por parte de las autoridades, de salvar a los jóvenes dentro del CAI.
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