En el 2022 no solo se disputará en las urnas al sucesor de Iván Duque en la Presidencia de la República, sino que también se celebrarán las elecciones legislativas en las que se definirá al nuevo Congreso de Colombia. El partido Comunes (antes llamado FARC) tendrá su segundo período en la Cámara y el Senado y varios de los contradictores del acuerdo paz cuestionan qué harán los parlamentarios de ese partido si la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) los sancionan por los delitos que cometieron cuando delinquían como grupo armado.
Como se pactó en el acuerdo, los exguerrilleros tienen 5 curules en Cámara y 5 en Senado y algunas de las dudas que se plantean es si los mismos parlamentarios que ejercieron en el Congreso desde el 2018 serán los mismos que se lancen al ruedo en un segundo período, o por el contrario, le darán la oportunidad a otros miembros de la colectividad que recién estrena nombre.
Además, varios expertos aseguran que, una vez la JEP emita alguna sentencia o decisión contra el secretariado de las FARC, el partido político deberá tomar una decisión sobre los individuos que representarán a ese ‘bando’ político en el Congreso colombiano.
Dentro de los congresistas cuyos nombres están implicados en el secuestro y toma de rehenes cuando eran guerrilleros están Julián Gallo (más conocido como Carlos Lozada) y Jorge Torres Victoria (conocido como Pablo Catatumbo). Quienes tienen altos cargos dentro del partido Comunes y quienes la JEP analiza sus sanciones por los delitos antes mencionados y otros relacionados a la privación de la libertad de cientos de personas.
Si la JEP emite un fallo, que no implique cárcel, sino de trabajo social, Catatumbo y Lozada podrían seguir en el Congreso legislando en un próximo período electoral. Este escenario solo se daría si los exguerrilleros reconocen su responsabilidad en los crímenes imputados, si no lo hacen tendrán que dejar la curul y la JEP deberá sancionar en penas carcelarias.
“Visto desde fuera consideraría que los que están ahora no debieran estar porque generan una resistencia enorme en la opinión pública y fuera de eso están sujetos a una serie de procesos que va a emprender la JEP”, le aseguró al diario El Nuevo Siglo, el politólogo Rubén Sánchez quien, además, dijo que si la colectividad no renueva sus ‘alfiles’ políticos “daría una mala señal porque indicaría que solo hay ocho cabezas pensantes, y el resto de la organización ¿no piensa, no tiene responsabilidades, no fue formada en todos estos años?”, cuestionó en diálogo con el medio citado.
El director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, considera que quienes estén imputados y sean congresistas deberían renunciar a sus curules. En conversación con el periodista Julio Sánchez Cristo para W Radio, Acevedo argumentó que la imputación de crímenes de guerra son imprescriptibles y nunca podrán ser amnistiados o indultados quienes los hayan cometido y “mucho menos que estén como representantes del pueblo”.
“Ellos tienen a sus espaldas centenares de miles de víctimas que sufrieron persecución, torturas, asesinatos fuera de combate, que califican en ese categoría. Esas víctimas esperan un mínimo de justicia que es lo que se espera de la JEP”, señaló Acevedo.
Por otro lado, el pasado 7 de febrero, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial par la Paz, publicó un trino respondiendo al presidente Iván Duque, quien dijo, durante la ceremonia de reconocimiento del nuevo director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, que “duele” cuando “se ha invocado la palabra paz trae consigo la palabra impunidad”.
“Hemos visto también recientemente manifestaciones que revictimizan, sobre todo cuando los verdugos ostentan las más altas posiciones del Estado (…) La construcción de una genuina paz implica que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad deben tener sanciones proporcionales y efectivas. Y, también, garantizar aun entendiendo la figura de la transicionalidad, que quien es sancionado por crímenes de lesa humanidad no puede revictimizar a quienes ha flagelado ostentando poder político. Y sobre todo en las más altas cumbres del poder legislativo”, expresó Cifuentes, presidente de la JEP.
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