De “lenta y deficiente” calificó Human Rights Watch la labor del gobierno Duque para frenar el asesinato de líderes sociales

En un nuevo informe, la organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) cataloga como “lenta y deficiente” la respuesta que el gobierno del presidente Iván Duque ha implementado para garantizar la vida de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia, aún más amenazada, según detalla la ONG, después de los acuerdos de paz firmados con la extinta guerrilla, FARC.

El informe titulado “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia” evidencia que d,esde finales del 2017 y hasta la fecha, el número de excombatientes y líderes sociales asesinados ha aumentado significativamente, especialmente por la disputa de los grupos delincuenciales de territorios en algunas zonas del país.

Este ‘jalón de orejas’ de HRW se suma al que la semana pasada la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le hizo al Gobierno colombiano donde los exhortó a dejar de acomodar las cifras y prevenir los asesinatos. De acuerdo con las cifras de la ONU, los asesinatos de líderes sociales y precursores de los derechos humanos aumentaron de 41 en 2015 a 108 en 2019; en 2020 documentó otros 53 casos y está verificando 70 más.

Human Rights Watch (HRW) realizó un nutrido informe en el que investigó e indagó a varios actores relacionados con la muerte de los líderes sociales, entre los que se destacan miembros de la fuerza pública, activistas sociales, juristas y jueces. Con dichos testimonios evidenciaron la “ineficacia” del Gobierno nacional para garantizar la vida de los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente.

Líderes indígenas le contaron a HRW que han sido víctimas de amenazas que pasaron de palabras a hechos y varios hombres han asesinado a tiros a miembros de su comunidad, como es el caso de Holmes Alberto Niscué, que hacía parte de la comunidad awá y quien fue asesinado mientras departía en un bar.

“(...) Su presupuesto es muy limitado y la Unidad ha rechazado la gran mayoría de las solicitudes de protección colectiva que ha recibido”, se refirió duramente la ONG en relación a la Unidad Nacional de Protección, que depende del Ministerio del Interior.

Sin protección para los líderes sociales

“Hacen falta esfuerzos mucho más serios para enjuiciar a quienes hayan ordenado estos crímenes, así como para desmantelar a los grupos armados responsables de estos asesinatos”, expresó la entidad de derechos humanos.

“A fin de cumplir sus obligaciones con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, el Gobierno de Duque debe realizar esfuerzos genuinos para financiar e implementar políticas efectivas orientadas a prevenir los asesinatos de defensores de derechos humanos y proteger sus derechos”, indicó la ONG cuestionando al primer mandatario del país y exigiéndole que cree un “cuerpo especial” de jueces para este tipo de crímenes, una medida anunciada por el presidente Duque, en mayo de 2019.

Recordemos que en relación a este difícil panorama, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó la semana pasada al gobierno de Iván Duque para que implemente estrategias que permitan preservar la vida de los cientos de líderes asesinados en el territorio nacional.

El ‘halón de orejas’ lo hizo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, quien le propuso al Estado que implemente políticas en las que se judicialice a los individuos que masacran a los colombianos.

Es importante recordar que desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las extintas FARC, en noviembre de 2016, el organismo que supervisa la reincorporación de unos 7.000 exguerrilleros ha documentado 248 asesinatos de excombatientes, 73 de ellos ocurridos en 2020.

“Es aberrante que los defensores de los derechos humanos tengan que asumir tantos riesgos para avanzar en su causa, es aberrante que grupos armados diversos puedan amenazar y atentar contra la vida de los defensores en los territorios”, enfatizó la alta comisionada de la ONU.

Dichos pronunciamientos se dieron en el marco de un foto en el que discutía sobre el “aberrante” panorama al que se enfrentan los colombianos que expresan sus posiciones en defensa del medio ambiente y los derechos humanos. De Rivero fue enfática en pedirle al gobierno Duque que implemente lo que se pactó en el acuerdo de paz con la extinta guerrilla.

“Desmantelar los grupos generadores de violencia contra líderes y lideresas sociales, lo que implica también la adopción de una política de desmantelamiento de estos grupos a través de la comisión de garantías de seguridad”, dijo la ONU.

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