Continúan las falencias del sistema penitenciario y carcelario del país

La Contraloría General de la República hizo 223 hallazgos administrativos al Inpec y a la Uspec.

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La más reciente auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Contraloría General de la República a la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), encontró 223 hallazgos administrativos en ambas entidades. Lo cual resumiría que existen serias falencias administrativas y dificultades financieras que siguen afectado la gestión de ambas entidades en las diferentes cárceles del país.

En la auditoría se destacaron, especialmente, 131 hallazgos administrativos, de los cuales 45 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno connotación penal, y 15 son de carácter fiscal.

En el caso especifico de la Auditoría Financiera a la USPEC, se determinaron 22 hallazgos administrativos de los cuales 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y 1 de carácter fiscal. Mientras que en la Auditoría Financiera del INPEC, se determinaron 70 hallazgos administrativos, de los cuales 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y otro más para el inicio de indagación preliminar.

Otro de los hallazgos demuestra que el INPEC, por presuntas fallas del servicio tienen pretensiones por encima del billón de pesos, lo que implicó, además, que en cuestiones de salud, el sistema carcelario no respondiera de manera oportuna y adecuada frente a la pandemia por covid-19 y se generara una emergencia de salud pública en cada una de las cárceles del país.

La investigación arrojó que los primeros casos que covid-19 se presentaron en la cárcel de Villavicencio en la primera semana de abril. Sin embargo, las muestras iniciales para saber si los reclusos se habían contagiado solo se tomaron hasta el 27 de ese mes, cuando la enfermedad ya había avanzado a otros espacios.

Además, el número de pruebas de coronavirus que se tomaron fueron solo 22.841 para una población de 111.192 internos, lo que significa que cerca del 79,5% de los privados de la libertad permanecen sin toma de muestras en pleno 2021.

Foto de archivo. Logo de la Contraloría General de Colombia en su sede principal de Bogotá, Colombia, 19 de julio, 2019.  REUTERS/Luis Jaime Acosta
Foto de archivo. Logo de la Contraloría General de Colombia en su sede principal de Bogotá, Colombia, 19 de julio, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Adicionalmente, la ejecución del presupuesto del INPEC no concuerda con lo que se encuentra en los libros de la entidad, ya que en recursos de inversión se comprometieron el 86,7% de los mismos, pero sólo se obligaron y pagaron el 40,4% de ellos.

La Contraloría emitió un reporte contable negativo al INPEC por los hallazgos encontrados, además de que no existen o no se han registrado contablemente los gastos generados por la entidad y además no cuentan con documentos de soporte que avalen el dinero que han gastado, situación que genera dudas ante la Contraloría sobre si los recursos se invirtieron de manera transparente.

Por lo que se determinó que el INPEC no cuenta con una política contable de los créditos judiciales y no se refleja en los estados financieros la situación real de los procesos que se están llevando en este momento, lo que impide que se conozca la realidad financiera de la entidad, por lo que no se tiene claro cuánto dinero debería tener en las cuentas el instituto y no hay relación de dineros entre 2018 y 2019.

Resultados de Auditoría Financiera a la USPEC:

La ejecución presupuestal de inversión en infraestructura, alimentación y salud del sistema penitenciario y carcelario corresponde a la USPEC, donde se evidenció que en cuanto al servicio de alimentación se realizaron pagos de alimentos que no se suministraron en los tiempos de comida de almuerzo, cena y refrigerio nocturno a los reclusos.

Además, se encontraron errores en la elaboración del estudio de costos para determinar el costo de cada ración de alimentos que se brinda en las estaciones de policía, a lo que se suman debilidades en la labor de la interventoría contratada y en el cumplimiento de las fichas técnicas.

Junto a esto se determinaron deficiencias en los pagos al personal de salud contratado mediante ordenes de prestación de servicios, demoras en la entrega de los medicamentos para los enfermos en prisión y entrega incompleta de las fórmulas médicas, baja atención a la población que se encuentra en prisión domiciliaria y debilidades en la dotación de los centros médicos de las cárceles.

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