Después de permanecer cinco horas en reclusión en la URI de la Fiscalía General de la Nación, fue dejado en libertad el exalcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya. De acuerdo con el procedimiento, a Hoyos se le condujo a la estación de Policía Simón Bolívar para trámite de libertad y posteriormente fue enviado a su casa por parte de las autoridades.
El traslado ocurrió luego de ser detenido en el barrio La Chinita por uniformados que le pidieron su identificación. A Hoyos se le dejó en libertad una vez el juez remitió la documentación que daba de baja la orden de detención por el delito de peculado por apropiación, que fue emitida el 27 de abril del año 2017 y que por un “error de sistema” figuraba como vigente.
Hoyos, conocido por su locuacidad, no desperdició oportunidad para comunicar su inconformidad a la salida de la URI:
“Sencillamente que una orden de captura del año 2017 por el caso del Vesubio, el juzgado no notificó que eso se había caído ya. Es un absurdo”
El exalcalde Hoyos concluyó su intervención señalando que el “error del sistema” era una muestra de una persecución política en su contra, por lo que seguirá denunciando estas situaciones ante las autoridades.
Así fue capturado Bernardo Hoyos, exsacerdote y exalcalde de Barranquilla
Este 8 de febrero, la Policía efectuó la captura del exalcalde y exsacerdote Bernardo Hoyos, en el barrio La Chinita de Barranquilla.
De acuerdo con información de El Tiempo, el abogado defensor de Hoyos, Carlos Altamar, dio a conocer que el Juzgado de Ejecución de Penas cometió un error y por eso no bajó del sistema una orden de captura emitida el 27 de abril del año 2017, contra el exalcalde, por el delito de peculado por apropiación. El jurista argumenta que esta equivocación sería la razón por la cual fue retenido por las autoridades.
“El señor Hoyos cumple una condena desde hace 8 años por celebración indebida de contratos, y goza desde hace tres años del permiso para trabajar. Todo indica que la orden de captura no ha sido bajada del sistema”, informó el abogado en diálogo con el diario nacional.
Altamar también contó en el mismo medio, que en el momento de la captura, “Hoyos se encontraba en un sector popular trabajando, cuando las autoridades pidieron su identificación y al radiar su número de cédula salió la orden de captura”.
“Una patrulla lo detuvo, lo rodearon y le apareció una orden de captura, pero es una orden del año 2017 por el cual él tiene detención domiciliaria y un permiso para trabajar. Él nunca debió ser capturado”, aseguró el jurista en Blu Radio.
Además, el abogado dio a conocer que el exsacerdote se encuentra en este momento en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, “a la espera de que el juez de turno revise el caso y se aclare su situación para que Hoyos pueda estar esta misma noche en su casa”.
Cabe recordar que, en el periodo comprendidos entre 1992 y 1998, durante los cuales Hoyos estuvo a cargo de la alcaldía de la capital del Atlántico, presuntamente llevó a cabo la compra irregular del lote el Vesubio, lo cual terminó en un proceso jurídico, en el que se emitió dicha orden de captura.
Hoyos fue condenado por otro caso en 2020
El Juzgado 3 Penal del Circuito de Bucaramanga condenó en junio de 2020 a los exalcaldes de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Enrique Hoenigsberg Bornacelly. Ambos fueron obligados a pagar 7 y 9 años de prisión, respectivamente, debido a su “responsabilidad en la contratación y pago irregular de las obras de remodelación y adecuación de un edificio donde se ubicaría la alcaldía de la ciudad”, según comunicó El Heraldo.
De acuerdo con información dada a conocer por la Fiscalía General de la Nación, a través de un comunicado, Hoyos, Bustillo y Fernando Jorge Thorne Brown, arquitecto contratista a quien se le adjudicó la obra, fueron hallados culpables de peculado por apropiación. Además de los años de condena, los sentenciados tendrán que pagar una multa de $10 millones c/u, pero también otra multa solidaria de $3.471 millones.
“El contrato para la remodelación y adecuación de un edificio para el despacho de la Alcaldía Distrital, que inicialmente se pactó en poco más de $1.490 millones en menos de seis meses tuvo una adición de $1.495 millones. Cuatro años después se pagaron cerca de $3.500 millones en supuestas obras adicionales, relacionados con el mismo objeto contractual”, señaló la Fiscalía.