El pasado lunes, la Fiscalía General de la Nación hizo pública la judicialización y captura de cinco personas que lideraron una red ilegal de falsificación de exámenes médicos al interior de las Fuerzas Armadas. Dicho entramado operaba con el fin de beneficiar con pensiones y mesadas a militares activos y en retiro por falsa invalidez o disminución de la capacidad física.
Según el boletín, fueron cinco años de operaciones para los delincuentes, en los cuales lograron defraudar al Estado por más de 3.100 millones de pesos en mesadas y pensiones no merecidas. Los cinco capturados estarían involucrados en, al menos, 17 casos de fraude a las Fuerzas Armadas.
En sus operaciones, los indiciados influyeron en la emisión de los exámenes médicos para que se evidenciara una supuesta incapacidad física de los uniformados en más del 50%. Sin embargo, el ente acusador determinó que los uniformados se encuentran en óptimas condiciones para continuar con sus servicios en las instituciones. Dichos documentos fraudulentos llegaban a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y, por medio del parte manipulado, se les indujo al error y reconocieron pensiones e indemnizaciones indebidas.
“Estos documentos fueron presentados ante las juntas médicas para obtener pensiones e indemnizaciones por disminución física laboral. Es así, que hay casos de personas en óptimas condiciones que fueron pensionadas a los 26 y 36 años de edad”, aseveró un vocero del ente acusador por medio de un comunicado en la cuenta oficial de la entidad en Twitter.
Los beneficiados tampoco cumplían con la edad de retiro, ya que las decisiones ampararon a uniformados de 26, 30 y 35 años que podían continuar prestando el servicio. De acuerdo con el decreto 4433 de 2004, documento que regula los retiros en la Fuerza Pública, los soldados profesionales y suboficiales se podrán retirar después de 20 años de trabajo. De no ser así deberán haber cumplido, al menos, 55 años de edad si son hombres y 50 si son mujeres.
Los implicados, dentro de los cuales está una funcionaria del Ministerio de Defensa quien cumple funciones desde el 2011, fueron imputados, según son responsables, a delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, estafa agravada, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, cohecho por dar u ofrecer, y falsedad ideológica en documento público.
Las cinco personas capturadas no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías dictaminó medida de aseguramiento en centro carcelario a tres de los implicados. De acuerdo con la Dirección Especializada contra la Corrupción del ente acusador, los que deberán ir a la cárcel son Claudia Patricia González Cardona, funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional en el área de asuntos legales; Guillermo Carrasquilla Orjuela, capitán en retiro del Ejército Nacional; y Carlos Carrasquilla Orjuela, el hermano del antiguo uniformado. Por otro lado, dos de ellos deberán continuar el proceso en libertad.
De acuerdo con la Ley 100 de 1993, desde el primero de enero de 2014, los colombianos se pensionan desde los 62 años de edad. Por otro lado, las colombianas deberán cumplir 57 años, es decir, cinco años menos. La cotización, la cual se cuenta por semanas laborales, deberá ser de al menos 1.300. Por otro lado, se tiene derecho a una pensión por vejez si supera los 60 años y cuenta con un mínimo de 500 semanas cotizadas durante los últimos 20 años.
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