La JEP revela la tragedia del secuestro en las víctimas de las Farc

En dos años, la JEP ha abierto 7 macrocasos sobre los crímenes más graves y representativos del conflicto armado, entre los que se encuentra el secuestro.

Pese a que a nivel internacional no es reconocido como crimen de guerra, de acuerdo con analistas en Colombia, el secuestro sí fue usado como arma en medio del conflicto, de manera sistemática, como política de los grupos armados, violando los derechos de los civiles, como se revela en los relatos de las víctimas y en los archivos recopilados por la ONU y la OEA.

La magistrada Julieta Lemaitre, encargada del caso, señaló que “no eran excesos de la guerra. Fueron las máximas infracciones al acuerdo internacional humanitario, delitos de lesa humanidad. No hubo errores, hubo crímenes de guerra”.

Hasta el momento, la Jurisdicción Especial para la Paz ha recibido informes de unas 2.000 víctimas, de las cuales se acreditaron al proceso 1.736 personas, y las voces de 250 mandos medios de la guerrilla que reconocieron el crimen, todo lo cual quedó registrado en un documento de 564 páginas publicado por la JEP, donde se registran las historias, especialmente en aquellos lugares donde operaba el Bloque Oriental.

De acuerdo con el documento de la JEP, el sufrimiento de las víctimas no finaliza cuando, aparentemente, ha pasado la perpetración del crimen; en el caso del secuestro, señala el tribunal, las víctimas una vez volvieron a sus casas tuvieron que ser tratadas tanto física como psicológicamente, ya que el conflicto deja secuelas importantes. El informe señala que las víctimas tienen episodios de ansiedad, temor y tristeza. Para muchas, el miedo permaneció, incluso, décadas después de recobrar la libertad física.

Los relatos incluyen empresarios, campesinos, políticos, tenderos, militares, policías, profesores y hasta pastores religiosos, que pasaron días, semanas, meses o años enteros amarrados a árboles, anhelando que acabara el sufrimiento que provocaba el maltrato que recibían, como golpes, falta de comida, abuso sexual y torturas físicas y psicológicas.

Los datos revelan que el 79% de los secuestrados fueron hombres y el 21% mujeres. Sin embargo, las afectaciones fueron diferentes, teniendo en cuenta el género.

“Las mujeres cautivas estaban en una situación adicional de vulnerabilidad y desprotección en un contexto masculino y militar”, reconocen organizaciones y la JEP.

Como el caso de la víctima 741, quien contó que compartió cautiverio con la excandidata presidencial Íngrid Betancourt. Durante su secuestro, señala que fue abusada por Manuel Marulanda, el “Mono Jojoy”, y por el prófugo Jesús Santrich; sobre Santrich, cuenta que la torturaba chuzando sus partes íntimas con agujas.

Otro caso evidencia el abuso sexual de una mujer por parte de varios militantes de las Farc, el cual se dio en el momento en que ella se encontraba buscando a sus hijos de 13 y 14 años, que habían sido reclutados.

“...me taparon la boca con las manos, yo les dije que porqué me hacen esto y él dijo: cállese si quiere ver a sus hijos hoy. Me sometieron, pese a mi forcejeo, eran más, ese guerrillero viejo con pistola en mano empezó a abusar de mí y, cuando él terminó, pasó el otro y, de último, el que me tenía la boca tapada. Cuando me soltó, me agarró el viejo y, encañonándome con la pistola, el otro muchacho abusó de mí. Cuando terminaron, me soltaron y yo tenía mis manos talladas de la cuerda, adolorida me vestí y ellos dijeron: vaya báñese y viene a tomar caldo”, comentó la sobreviviente.

Otro testimonio fue el de una enfermera del hospital de San José del Guaviare, secuestrada el 12 de mayo de 1997, quien permaneció secuestrada tres años, sufriendo todo tipo de abusos, hasta que logró escapar, el día de su cumpleaños, el 17 de junio de 2000.

“Me llevaron a un campamento de la guerrilla en la vereda Barranquillita, donde ellos tenían un hospital. Había secuestrados, en eso había una epidemia de hepatitis”, cuenta, y agrega que, mientras estuvo secuestrada, la llevaban a los combates como enfermera. “Me violentaron sexualmente. Me empalaron”, declaró la mujer y, posteriormente, la condujeron hasta el llamado Estado Mayor del Bloque Oriental y, cuando se dio cuenta, estaba en un caserío del vecino departamento del Caquetá.

Otras víctimas, fueron los niños y niñas que reclutaron forzadamente y, en caso de que no quisieran obedecer, eran torturados o asesinados, como lo cuenta una víctima, que denunció que fue lanzado a un despeñadero por negarse a hacer parte del Bloque Magdalena Medio de la guerrilla, después de ser reclutado a los 9 años.

“No accedí a cargar fusil ni entrenamiento, ni me ponía los camuflados; me ordenaron matar personas y me negué a hacerlo, por lo que me llevaron a un peñasco y me lanzaron, creyendo que me habían matado. Fui rescatado por un joven de la zona, y me curó. Después de mi recuperación, me llevaron al puesto de salud debido a mis heridas, perdí todos los dientes, se me desprendió la mandíbula y perdí el oído derecho; debido a eso, no puedo hablar normalmente. El médico me dijo que quedaba con discapacidad de por vida, por la voz y el oído”, comentó.

Un soldado escribió con respecto a su cautiverio que “la guerrilla nos capturó y nos llevó retenidos, aproximadamente tres años. Durante el cautiverio, nos castigaron, nos amarraron a un árbol y, en unas jaulas pequeñas, que son como unos corrales para pollos, recibimos tortura psicológica”.

Como estos casos, muchos otros se dieron, de personas que nunca volvieron de la selva y cuyos familiares aún esperan saber, al menos, donde dejaron sus cuerpos.

Se calcula que la guerrilla implementó la práctica del secuestro durante más de 30 años; sin embargo, la investigación abarcó entre 1982 y 2012, periodo en que más se registró el crimen. El grupo armado justificó la privación de la libertad de más de 21.000 víctimas en que necesitaban dinero, querían mandar un mensaje al Estado de terror, porque acusaban a algunas personas de colaborar con otros grupos, entre otras.

Por ahora, la JEP ya imputó cargos a 8 miembros que eran jefes de las Farc para que respondan por ser los máximos responsables del crimen que afectó a muchas personas en el país.