Durante los primeros días de este año, luego de tres años de operación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se emitió el primer escrito de hechos y conductas con el que se acusó a ocho excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC de ser los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, en relación con el secuestro. Entre los anuncios se informó que las víctimas del conflicto tendrían la posibilidad de opinar respecto a las sanciones que se le aplicarían a sus victimarios. En una conversación con el periódico El Tiempo, Ángela María Giraldo Cadavid, hermana de uno de los 12 diputados secuestrados en el Valle del Cauca, en abril de 2002, manifestó sus opiniones al respecto.
“En la mañana del 11 de abril de 2002, recibí la llamada de mi hermano Francisco, cuando los llevaban en una buseta. Me dijo que se trataba de un operativo militar por unas bombas que habían puesto en la Asamblea, que no me preocupara, que el Ejército los estaba evacuando para la Tercera Brigada. La llamada se cayó, y media hora más tarde me di cuenta de que era un secuestro”, relató la mujer que casi cinco años después, en junio de 2007, se enteró, al igual que la familia de los demás diputados, que su hermano había fallecido. En ese entonces, las FARC aseguraron que habían fallecido en medio del fuego cruzado entre esa guerrilla y el Ejército Nacional.
Los 11 diputados hacían parte de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y, a pesar de las versiones otorgadas por las FARC en ese entonces, la confesión de Héctor Julio Villarraga, conocido en su época de combatiente con el alias de “Grillo”, y quien fue jefe de las Farc en el suroeste del país, fue reveladora tras aceptar y adjudicarle a esa guerrilla el secuestro de 12 diputados, y el asesinato de 11 pues, Sigifredo López, fue el único cautivo que se salvó.
Ángela María Giraldo Cadavid, víctima directa por el asesinato de su hermano, mostró los matices a favor y en contra respecto a sus opiniones sobre el proceso de paz, aunque ella cree que fue un paso importante, lo pactado en el documento firmado por las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, es difícil de realizar en un periodo a corto o mediano plazo.
“No podíamos seguir permitiendo que población civil quedara en medio del fuego cruzado, que continuaran la toma y ejecución de rehenes, la tortura, los asesinatos, la siembra de minas antipersonal, la violencia sexual. Era necesario poner fin a tanta barbarie”, manifestó Giraldo.
Ángela María, hermana de Francisco, aseguró que una de sus peticiones respecto a los exguerrilleros que se sometan a la JEP luego de que confiesen sus crímenes es que renuncien a sus curules en el Congreso de la República.
“Lo mínimo que uno espera de quienes están en el Congreso, en representación de un grupo guerrillero, por lo pactado en un acuerdo de paz, es que no estén vinculados con crímenes de lesa humanidad y de guerra, así que ante la decisión que tomó la JEP, por respeto a sus víctimas, deberían renunciar a sus curules”, sentenció.
De acuerdo con Ángela María, la única forma de que los exguerrilleros generen credibilidad ante Colombia, y sus víctimas, es renunciar a su vida en la política, además de aportar, activamente, “a la reconstrucción de la verdad y cumpliendo a cabalidad con sanciones serias y rigurosas, de 8 años, que conllevan restricciones efectivas de la movilidad”.
La violencia en el país perpetrada por otros grupos armados al margen de la ley, y que hoy, por ejemplo, tiene bajo el terror al puerto de Buenaventura, ha sido consecuencia, según Ángela María, a la falta de cobertura y de presencia estatal, “infortunadamente, el Estado no logró hacer presencia con sus planes y programas, ni tampoco asegurar todas las zonas entregadas por las Farc. Y hoy vemos cómo aumentan los asesinatos de líderes comunitarios y personas de los territorios más apartados, que están bajo el control de actores al margen de la ley. Seguimos teniendo más geografía que nación y más nación que Estado”.
Para María Ángela, la creación de la Justicia Especial para la paz no era necesaria, según ella, la justicia ordinaria tenía, y tiene, bajo su poder el conocimiento suficiente para hacerse cargo de casos de guerra como el de los exguerrilleros que hoy están reintegrados a la vida civil, “se hubiera podido crear las salas especializadas y el Tribunal de Paz dentro de esa misma estructura, y hubiese sido más rápida su puesta en funcionamiento”.
Sin embargo, a pesar de sus críticas a la JEP, lo que espera María Ángela, es que las acciones de ese ente no se queden en el aire sino que, por el contrario, se establezcan y se aterricen a la realidad, “espero que la JEP sea consecuente con dicha acción, que dicte las sanciones más severas, ajustadas a los estándares internacionales y vele por el estricto cumplimiento de estas”.
Los años sin Francisco, su hermano, han sido tormentosos y dolorosos, María Ángela, según le comentó a Armando Neira, en su entrevista para El Tiempo, dejó su profesión de odontóloga para dedicar el resto de su vida a trabajar por las víctimas del conflicto y los derechos humanos.
“Es necesario fortalecer y respetar el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, creado como eje central del punto de víctimas del acuerdo de paz”, concluyó Giraldo Cadavid, al recordar que los acuerdos solo se podrán desarrollar siempre y cuando exista colaboración de todas las partes involucradas.