Este sábado continúa el drama de los 500 campesinos y pobladores de la vereda Río Man, en el municipio de Cáceres, del Bajo Cauca antioqueño, que el pasado viernes 5 de febrero abandonaron sus hogares ante las amenazas de grupos armados ilegales en la región. Tras refugiarse en el coliseo municipal y las casas de amigos o familiares en el vecino municipio de Caucasia, claman por seguridad para volver a su territorio.
De acuerdo con un reporte de RCN Radio, a pesar de que ya hay presencia de las autoridades y la fuerza pública en esta parte del departamento antioqueño, las 140 familias censadas por la Unidad para las Víctimas en la tarde de ayer están exigiendo mayores garantías de seguridad antes de emprender el camino de regreso a sus domicilios.
Al respecto, Wilson Córdoba Mena, director de dicha entidad en Antioquia señaló que lo que se vive en el momento en la región es un caso de “pánico colectivo”, que podría llevar a que el número de desplazados continúe aumentando en los próximos días, teniendo en cuenta que en la vereda quedan diez habitantes. Vale recordar que, además de las 140 familias que salieron de Cáceres el viernes, ya se tenía cuenta de otras 65 del mismo municipio que llevan por lo menos tres meses en situación de desplazamiento por las mismas razones.
“Es compleja la situación que se vive en este municipio, por lo que las instituciones estamos haciendo presencia desde cada una de nuestras competencias”, agregó el funcionario durante la entrega de cobijas, sabanas, toldillos, toallas, y elementos de cocina al nuevo grupo de familias desplazadas.
Félix Olmedo, alcalde de Caucasia, también confirmó la presencia de la fuerza pública y la renuencia a regresar por parte de las familias desplazadas. “Aunque esta vereda es jurisdicción de Cáceres, está ubicada más cerca del casco urbano de Caucasia. Nosotros los estamos atendiendo con todos los protocolos que se establecen para este tipo de situaciones”, dijo a la emisora colombiana sobre la evolución de los hechos hasta ahora.
La situación se agrava si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la Unidad para las Víctimas, durante 2020 se atendieron en Antioquia un total de 16 eventos de desplazamiento masivo de los cuales 10 fueron en el Bajo Cauca.
Sobre la situación del orden público en toda la región, el general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División del Ejército, le explicó a Red+ Noticias que, desde que recibió la división el pasado 15 de diciembre “hemos diseñado una operación que vamos a tener los efectivos más o menos a finales de este mes para iniciar operaciones ofensivas tanto en Ituango, Peque, Tarazá y quitarle esa movilidad que tienen esos bandidos”.
“He estado personalmente en El Bagre, en Cáceres, en Tarazá, en Ituango, en Caucasia y vamos a desplegar esa operación para controlar esos corredores de movilidad y devolverle la tranquilidad a la comunidad del Bajo Cauca”, agregó el uniformado.
Así las cosas, y como sucedió con los cerca de 900 indígenas desplazados en Bahía Solano, la situación se podría alargar hasta que las poblaciones víctimas no se sientan con las garantías suficientes para retornar y mantener la seguridad en sus territorios.
Así ha sido el desplazamiento en Cáceres, Antioquia
El desplazamiento se dio luego de que, este viernes y ante un supuesto ultimátum por parte del grupo armado Los Caparros, las 140 familias decidieran abandonar sus casas por miedo a las represalias que puedan tomar contra ellos.
La información del desplazamiento de esta población fue dada a conocer por la alcaldía municipal, quien afirmó que en la mañana de este jueves decenas de familias salieron con sus pocas pertenencias de la vereda.
De acuerdo con Caracol Radio, Esteban Zurita, secretario de Gobierno de Cáceres, indicó que, “lastimosamente hay varias familias que están saliendo de la vereda por el rumor que se ha esparcido de que los han amenazado, pero no hay ningún indicio claro de que esto sea cierto, apenas es un rumor”.
Asimismo, aseguró que desde entidades del estado se está haciendo un acompañamiento a estas familias y se les ha tratado de aclarar la situación pero, “la gente tiene miedo”, sostuvo Zurita.
Algunas de las personas desplazadas, están llegando a Caucasia por la cercanía con esa vecina población. Por el momento se desconoce el número exacto de personas desplazadas, pero sí está confirmado el desplazamiento de ellos, informó Caracol Radio.
Por su parte, el general Díaz Mateus detalló a RCN Radio que hasta el momento no se tiene el reporte de este desplazamiento, pero sí afirmó de la existencia de las intimidaciones a la población, por lo que hoy la fuerza pública hará presencia con tropas para resguardar el lugar.
“Hay una amenaza de un grupo. Tenemos al comandante de batallón en el sitio y me dice que eso garantiza que las personas no se desplacen. Parece que el Clan del Golfo está amenazando a las personas que están ahí”, señaló el alto uniformado.
Pese a que las actuales amenazas han sido catalogadas como un rumor, las jornadas de desplazamientos forzado de los campesinos que viven en esta zona del departamento se han evidenciado desde el 2020. De acuerdo con el diario El Espectador, el año pasado, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) denunció que el 20 de noviembre, a las 6:00 p.m, Los Caparros impusieron un toque de queda y anunció un paro armado, tras la muerte de alias Caín, quien habría hecho parte de esta estructura desde 2016. Por lo que varias familias tuvieron que desplazarse forzosamente de la vereda Buenos Aires y Cáceres, hacia Caucasia.
Ante estos hechos, la Unidad de Víctimas prestó atención a las cerca de 65 familias que se desplazaron de estos dos municipios.
“Se entregó ayuda humanitaria a 65 familias (222 personas) que todavía no han podido regresar a su territorio tras más de dos meses de desplazamiento forzado. Las familias derivan su sustento de los cultivos de plátano, yuca, maíz, arroz y de la cría de especies menores; comercializan el plátano en la zona urbana de Caucasia”, informó la Unidad.
Durante el 2020, la Unidad para las Víctimas en Antioquia atendió 16 eventos de desplazamientos masivos, de los cuales diez fueron en el Bajo Cauca, en articulación con los entes territoriales, con alimentos, elementos de albergue y de cocina, además de cerca de 2.266 millones de pesos en apoyo en dinero como mecanismo de subsidiariedad destinados para apoyar a los municipios afectados.
Ante el reciente desplazamiento, el vocero de la ONG del Proceso Social de Garantías, Yesid Zapata, afirmó, “los habitantes sienten temor y deciden, gota a gota, irse desplazando de manera forzada del territorio. Todo por miedo de esta comunidad por los últimos hechos.”
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