Atentado al Club El Nogal: reconstrucción de una tragedia estremeció a Colombia hace 18 años

El 7 de febrero de 2003 a las 8:15 p.m. una explosión retumbó en la calle 78 con cerrera séptima, uno de los lugares más exclusivos de Bogotá. Un carro bomba había destruido la mayor parte del Club El Nogal, uno de los clubes sociales más prestigiosos de la capital y donde importantes políticos se reunían para tomar decisiones de Estado.

Fueron 200 kilos de Anfo - un explosivo de alta potencia que consiste en una mezcla de nitrato de amonio y combustible derivado del petróleo- escondido en la silla trasera de un Renault Megane Rojo parqueado en un estacionamiento del club, el que acabó con la vida de 36 personas y dejó a 198 más heridas.

De acuerdo con los resultados de las investigaciones de entes nacionales y extranjeros se logró establecer que un socio e instructor de squash fue la persona que entró el carro bomba al parqueadero del club. Se trató de John Freddy Arellán Zúñiga, un joven de 26 años, quien también murió en el atentado

El Tiempo recoge que horas antes de la detonación en el edificio había 600 personas, entre ellas varios niños que estaban realizando una presentación para sus padres, cuando miembros de las extintas Farc detonaron el carro.

Momentos posteriores a la explosión, el pánico se apoderó de las calles y lo que quedaba del edificio, entre el humo y los escombros aparecieron los sobrevivientes del atentado agitando pañuelos y pidiendo ayuda.

Horas después, el presidente de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, culpó del atentado a la guerrilla de las Farc, quienes negaron haber participado, pero no sin antes justificar los hechos diciendo que “en el lujoso club se realizaban frecuentemente reuniones de sectores políticos y empresariales con voceros del paramilitarismo”.

Un año después, la Fiscalía General de la Nación acusó, el 19 de julio de 2004, a miembros del Secretariado de las Farc como autores del homicidio con fines terroristas, tentativa de homicidio con fines terroristas, terrorismo y daño en bien ajeno.

El entonces fiscal general Luis Camilo Osorio aseguró que fue Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa’, el encargado de organizar el ataque terrorista. Las autoridades lograron identificar que ese grupo guerrillero cometió el crimen luego de interceptaciones telefónicas y grabaciones entre las columnas y comandantes de la estructura criminal.

Fueron acusados por el atentado Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Alfonso Cano, Iván Márquez, Timochenko, Mono Jojoy y once personas más.

Años después y con la forma del acuerdo de paz entre las Farc y el Estado colombiano, varios de los miembros reconocieron que habían planeado y ejecutado el atentado y pidieron perdón a las víctimas y sus familias.

En declaraciones, los miembros del ahora partido Comunes aseguraron que se trató de un hecho “injustificable” que “nunca debió ocurrir”.

En mayo de 2018, las víctimas entregaron un informe a la JEP sobre lo ocurrido ese día. No fue hasta febrero de 2020 que víctimas y victimarios se reunieron en un mismo lugar en un acto de reconciliación y donde se hizo entrega del segundo informe sobre el vehículo que explotó en el club.

En el evento hicieron presencia Rodrigo Londoño o ‘Timochenko’, Julián Gallo, conocido en épocas de guerra como ‘Carlos Antonio Lozada’ y Bertha Lucía Fríes, representante de las víctimas del atentado.

También asistieron los exjefes paramilitares Fredy Herrera ‘El Alemán’ y Rodrigo Pérez Alzate ‘Julián Bolívar’, que leyeron una misiva enviada por Salvatore Mancuso, comandante de las AUC en su momento, y quien también pidió perdón, pero dijo que nunca se reunieron con ningún miembro del Gobierno en esas instalaciones.

El pasado 3 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia condenó al Club El Nogal a reparar económicamente a los familiares de Gustavo Forero Rubio, víctima del atentado que ocurrió en las instalaciones del club.

“La acción de las FARC correspondió a un acto con suficiencia para generar terror en la población, con el fin de afectar las bases de la sociedad colombiana y la paz ciudadana”, puntualizó la Corte.

Gustavo Adolfo Forero Rubio se encontraba en ese momento en la estructura afectada y fue una de las víctimas fatales, por lo que a su deceso quedaron desprotegidos su cónyuge e hijos, los cuales dependían económicamente de él, además de la lesión emocional sufrida.

Aunque la guerrilla fue la responsable de estos crímenes, socios del club reclamaban fallas en la seguridad de El Nogal al haber dejado ingresar el carro con explosivo a los instalaciones, visitadas por ministros, empresarios y funcionarios de alto nivel.

Por su parte, la familia de Forero Rubio reclamó que la persona que ingresó a la edificación el vehículo donde estaban camuflados los artefactos que ocasionaron la tragedia, contaba con autorización del beneficiario de una acción empresarial, sobrepasando así todas la reglas de seguridad previstas e incumpliendo la obligación de velar por la protección de las personas que frecuentaban el lugar.

Tras la apelación de la familia, este miércoles 3 de diciembre la Corte Suprema declaró responsable al club, que tendrá reconocer cerca de 900 millones a la familia de la víctima que quedó desprotegida.

Aunque El Nogal alegaba que fue un acto terrorista, lo que los hacía víctimas también, con el argumento de que el atentado había sido “imprevisible”, como supuestamente lo probaban cartas de la Fiscalía, la Policía y las Fuerza Militares en las que se decía que no tenían información de que un ataque de esa índole se fuera a presentar, la Corte Suprema negó sus argumentos puntualizando que el error fue permitir el ingreso del carro.

Además el club social utilizó testimonios de sus propios empleados que dieron fe de la dureza de las medidas de seguridad, de cómo eran las mejores y más rigurosas que en otros clubes de la ciudad, e incluso del complejo proceso de selección de los socios.

Es importante tener en cuenta que el Tribunal de Bogotá ya le había dado la razón a la familia en segunda instancia en 2014, pero El Nogal le pidió a la Corte Suprema que seleccionara el expediente para casación.

En la decisión, que tomó la corporación esta semana, los magistrados optaron por no cambiar el fallo y, en su lugar, mantener la condena al prestigioso establecimiento.

Por otro lado, seis demandas más, bajo la misma hipótesis, están siendo estudiadas y en ellas incluso se cuestiona por qué en El Nogal no se contaba con vigilancia canina en todos los accesos y otras supuestas fallas de seguridad.