Contratos de la UNGRD para atender la pandemia terminaron en manos de personas que serían cercanas a Enrique Peñalosa y Miguel Uribe

Sigue la polémica entorno al fondo de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias covid-19, en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el objetivo de atender la pandemia y creado a través de decreto por el presidente Iván Duque.

El pasado 26 de enero, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) reveló graves irregularidades con la creación de este fondo, pero también del otro que está a cargo del Ministerio de Hacienda, el de Mitigación de Emergencias (FOME).

“Se observa que la estrategia del gobierno se fundamentó en el abuso del ‘estado de emergencia’ para la emisión de decretos con fuerza de ley para, entre muchas otras irregularidades, la creación de dos fondos con duplicidad de funciones, sometidos al derecho privado artificialmente”, aseguró la investigación.

En esta denuncia, Pares señaló que la UNGRD, mediante la Subcuenta covid-19, ha utilizado este mecanismo para seguir contratando recursos que llegan a poco más del billón de pesos, de los cuales se desconoce su paradero, por el mecanismo de opacidad aplicado de parte del gobierno.

Pues este viernes 5 de febrero, llegó un nuevo capítulo que se suma a estas presuntas irregularidades que protagoniza la entidad con dineros públicos. Según Cuestión Pública, un medio de investigación independiente, “de los $4.7 billones que ha tenido la UNGRD en pandemia, al menos $10.191 millones se habrían asignado a personas cercanas/relacionadas a Enrique Peñalosa y aportantes a campaña de Miguel Uribe Turbay”.

Este medio reveló que, el pasado 7 de mayo el director de la entidad en mención, Eduardo José González, solicitó la elaboración de un contrato con Andrés Villamizar con recursos de la Subcuenta covid, por $128.052 millones de pesos.

Villamizar fue gerente de la campaña de Enrique Peñalosa para ser alcalde de Bogotá para el periodo 2016-2019 y fundador de Azul Bogotá, la fundación que en su momento se opuso a una revocatoria del mandatario capitalino.

Otra salpicada en esta polémica revelada por Cuestión Pública, fue Adriana Lucía Jiménez, subalterna de Miguel Uribe, quien fungió como secretaria de Gobierno encargada en la administración de Peñalosa. Jiménez además fue una de las aportantes a la campaña de Uribe Turbay en 2019, cuando se presentó como candidato para la Alcaldía de Bogotá, le entregó $10.500.000.

Pues bien, en la UNRGD también aparece un contrato, fechado el 3 de mayo de 2020 y firmado por el director de la entidad, Eduardo José González, a nombre de esta exfuncionaria de la alcaldía con recursos la Subcuenta covid, por $104.770 millones. El contrato con vigencia de 6 meses tenía una asignación mensual $17.461.718.

Pero hay más, Claudia Candela, asesora principal de la campaña de Miguel Turbay, recibió un contrato, el 7 de mayo de 2020 por $133.873 millones por 7 meses. La empresa Manufacturas Eliot SAS donó $25 millones a la campaña del excandidato a la Alcaldía de Bogotá y fueron seleccionados en el proceso de invitación pública por la UNGRD, para un contrato por $9.540 millones.

Otra firma que consiguió un millonario contrato con dinero para la atención de la pandemia, fue la firma Pinilla González & Prieto, que donó $10 millones a la campaña de Uribe Turbay y fue seleccionada para un contrato de asesoría legal por $180 millones.

Sobre este tema también escribió Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, por lo que Miguel Uribe Turbay anunció que lo denunciaría penalmente.

“No voy a negar que yo conozco a cuatro de 70 personas que están en ese equipo, y que dos me apoyaron en mi candidatura. Yo lo que le pido a Camilo es que no sea irresponsable y diga que esas personas llegaron allá por cuenta mía o que básicamente yo tengo a cargo esa cuenta”, señaló Miguel Uribe al medio Pulzo.

Cuestión Pública anunció que revelará pronto la investigación completa sobre la cuestionable transparencia con la que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha manejado los recursos para la pandemia.

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