La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, reconoció, este 4 de febrero, como un paso importante para el país, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad que se materializó mediante la sanción de la ley por parte del presidente Iván Duque.
La funcionaria del ICBF recalcó la difícil situación que padecen las miles de víctimas de violencia sexual en el país, que aparte de sufrir consecuencias físicas y emocionales, tienen que vivir con sus victimarios que en la mitad de los casos son familiares.
“Es absolutamente doloroso saber que los entornos que deben ser protectores por naturaleza y que son corresponsables en el cuidado y garantía de los derechos de la niñez, estén generando vulneración a la dignidad humana e individual de los niños, pero también estén vulnerando a la sociedad entera”, indicó Lina Arbeláez.
La institución abrió 14.226 procesos para el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual durante 2020, de los cuales cerca de 12.000 se cometieron contra mujeres menores de edad.
La directora confirmó que el ICBF continuará su labor mediante proyectos y programas con la intención de fortalecer los entornos institucionales y familiares, entre otras acciones para de esta manera minimizar y prevenir la violencia contra menores de edad en el país.
“Aquí seguiremos comprometidos, trabajando en el marco de la gran alianza contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, para que estas herramientas jurídicas que, junto a la cadena perpetua y la prohibición del castigo físico como medio de crianza, convirtamos a Colombia en el país de la niñez, porque cada día en un niño o niña nace la posibilidad de que renazca la humanidad”, concluyó Arbeláez.
Este miércoles 3 de febrero, el presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la ley que declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad.
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Esta ley, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso, tiene como autora a la representante a la Cámara por el Partido Verde Katherine Miranda.
Los contra
La abogada y asesora de magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, magister en Derecho Penal y Criminología y autora del libro Pruebas en delitos sexuales en el contexto del precedente judicial, María Angélica Patrón Pérez, declaró a Infobae Colombia, que la medida termina siendo todo lo contrario a lo que busca la congresista. “La prescripción de los delitos protege que el Estado investigue, juzgue y sancione. Si eliminamos esas restricciones en el tiempo (de 20 años después de cumplir la mayoría de edad, como estaba hasta este miércoles antes de la sanción), ¿Quién garantiza que los casos no se pierdan en el tiempo?”, cuestionó.
Además explicó que, entre más tiempo pase para que se hagan las denuncias, con el único recurso probatorio que se contará será con los recuerdos “¿y dónde quedan los recuerdos? en la memoria y con el tiempo se van perdiendo detalles de cómo, cuándo y dónde sucedió el delito y va a ser mucho más difícil condenar a alguien. No imposible, pero sí más complejo”.
Uno de los materiales probatorios más determinantes en delitos de acceso son las periciales, que es cuando se tiene en cuenta el testimonio de un perito encargado, generalmente, de explicar los resultados de las pruebas que se le practican a la víctima inmediatamente sucede el acto para determinar si hay marcas, huellas, cabellos o alguna pista en el cuerpo para incriminar de alguna forma al presunto agresor. En Colombia estas pruebas están a cargo de Medicina Legal. De acuerdo a Patrón, estos rastros desaparecen muy rápido. “Con un baño se pueden ir”, afirmó la funcionaria judicial.
A esta misma teoría se suma Andrés Felipe Caballero, abogado litigante y miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia que, desde ya, le confirmó a Infobae Colombia que demandarán la constitucionalidad de la ley. “Primero es una medida populista. Lanza un mensaje a a la sociedad de esperanza, pero no tiene un efecto útil y, en lo material, resulta siendo negativo. Lo que genera es una sensación de relajamiento en las autoridades porque si muchas veces para evitar la prescriptibilidad de los delitos, imagínese ahora que tendrán toda la vida para investigarlos”.
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