Consejo de Estado ordenó a la Fiscalía y a la Rama Judicial pedir perdón a condenados por la masacre de La Chinita

El Consejo de Estado sancionó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial por violar los derechos de un grupo de 20 ciudadanos condenados como responsables de la masacre La Chinita, cometida en Apartadó, Antioquia, el 23 de enero de 1994 y que fue perpetrada por el Bloque Noroccidental de las Farc-Ep.

Casi diez años después de ser capturados, la Procuraduría envío un concepto a la Corte Suprema de Justicia en la que señalaba que a los condenados en este caso se les vulneró el derecho a la defensa.

El Ministerio Público explicó en su momento que, no se les nombró abogados de oficio a los acusados para las diligencias de indagatoria y que la Fiscalía lo que hizo fue designar como defensores a “ciudadanos honorables”, alegando en ese entonces “la ausencia e imposibilidad de nombrar a un profesional por razones de seguridad y de orden público”.

Finalmente, la Corte Suprema declaró la nulidad del proceso y la Fiscalía declaró la preclusión a favor de los involucrados. De acuerdo con esa decisión, los funcionarios encargados de tramitar la investigación y el juicio actuaron con violación del debido proceso de los demandantes, sin imparcialidad.

Es por esto que, el Consejo de Estado falló contra la Fiscalía y la Rama Judicial por condenar de manera irregular a este grupo de personas. Así lo informó Caracol Radio, que tuvo acceso al documento en el que se declara responsable al ente acusador por privar injustamente de la libertad a Francisco Eluber Calvo Sánchez, y ordena indemnizar con un monto de (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por perjuicios morales.

“Además, condenó a pagarle 100 salarios mínimos legales a Sergio Andrés Calvo Borja, Erika Yesenia Calvo Benítez, Yenni Sobeida Calvo Borja, John Alexander Calvo Borja, Ferney Alonso Calvo Borja, Yuris Shirley Calvo Borja y María Idalid Sánchez Viuda de Calvo (hijos y madre), también culpados injustamente, entre otros implicados, a quienes les deberá pagar 50 salarios mínimos”, señaló la emisora.

La condena también estipula que la Fiscalía y la Rama Judicial tendrán que pedir excusar públicas a cada una de las personas capturadas, procesadas y condenas por esos hechos y, en nombre de la Nación, deberán precisar que ninguno “participó de los hechos de la masacre”.

El Consejo de Estado advirtió que estas dos entidades deben coordinarse para que todos los condenados y sus familias asistan al acto, “por lo cual deberán cubrir, en partes iguales, los gastos en que incurran por motivo del traslado”.

El pasado 13 de enero se conoció que, 26 años después de la lucha de las víctimas por ser reparadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió para su estudio una denuncia contra el Estado.

En la denuncia de las víctimas, representadas por el abogado Javier Villegas Posada, se argumenta que pese a que en el pasado la justicia colombiana reconoció la responsabilidad estatal en la masacre, el avance en las investigaciones para identificar quiénes, desde el Estado, participaron en el crimen es nulo: no hay ninguna condena vigente.

Durante 27 años, al Estado se le ha señalado por desatender los llamado de protección de los pobladores de La Chinita, es decir por omisión.

Le puede interesar: