Comisionado para la Paz respaldó que la JEP declarara como crimen de guerra el uso de las minas antipersonales

El Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, respaldó y calificó de histórica la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de reconocer como víctima a un soldado profesional del Ejército de Colombia que fue afectado en su integridad física por una mina antipersonal o ‘quiebrapatas’, como se les llamaba en tiempos de las confrontaciones de las Farc contra el Estado.

En la emisora Caracol Radio, el funcionario señaló que era crucial que el tribunal de justicia transicional haya elevado como crimen de guerra el uso de este armamento no convencional.

“Es muy importante para Colombia que este crimen de la instalación de minas antipersonal sea considerado por primera vez por la Justicia Especial para la Paz un crimen de guerra. Nosotros desde la Oficina del Alto Comisionado Paz y del gobierno del presidente Iván Duque, continuaremos en la limpieza del territorio de minas antipersonal”, expresó Ceballos.

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El funcionario también informó en Caracol Radio que de esta forma la JEP estaba entrando en el proceso para revisar los crímenes de guerra que cometió la antigua guerrilla de las Farc en el país.

“La Justicia Especial para la Paz empieza a desarrollar el caso 05, en el cual se estudian violaciones al Derecho Internacional Humanitario contra poblaciones del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca”, explicó.

El funcionario agregó en el medio radial que con decisiones de este tipo la JEP está beneficiando colectivamente a 83 poblaciones, de las cuales 34 son de comunidades indígenas, 47 de consejos comunitarios de afrodescendientes y 2 organizaciones de víctimas.

Por años, la antigua guerrilla de las Farc usó las minas antipersonales, conocidas en el país como las ‘quiebrapatas’, como un arma para combatir a la fuerza pública, sin embargo, no solo uniformados resultaron muertos o mutilados por estas armas no convencionales, sino que cayeron en ellas la población civil.

Por esta razón la JEP acreditó el caso del soldado afectado por las minas antipersonales e indicó que de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, el uso de estos artefactos explosivos en el conflicto se considera un crimen de guerra porque causa sufrimientos innecesarios y no diferencia a los actores armados de la población civil.

En un informe de la Cruz Roja, se indica que Colombia, después de Afganistán, es el país más afectado en el mundo por el uso de estas armas no convencionales con un saldo de 9.653 personas afectadas en su integridad personal por estas minas y 2.322 decesos, por lo que se estima que una de cada cinco víctimas de estos artefactos fallece.

Con los planes de desminado humanitario en el país, según datos del Gobierno Nacional, en 2020 se logró desactivar estos artefactos en 25 municipios de Colombia de 13 departamentos.

En total van 432 poblaciones que están libres de este tipo de artefactos explosivos desde que se iniciaron las labores de desminado en Colombia. Mientras que en los dos años de gobierno del presidente Iván Duque se ha logrado desactivar estas minas en 154 municipios.