Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia tumbó la tutela que beneficiaba a 14 familiares de los Rodríguez Orejuela

La acción legal buscaba un tercer recurso de revisión a las condenas de 13 años de prisión de los familiares de los exjefes del ‘Cartel de Cali’.

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In this photo released by the Colombian National Police, confessed drug trafficker, Miguel Rodriguez Orejuela, center, is escorted by police officers to a U.S. government airplane at the Palanquero Air Base near Puerto Salgar in central Colombia, Friday, March 11, 2005. Rodriguez Orejuela who, along with his brother Gilberto helped found the Cali drug cartel, was extradited to the U.S. where he will face drug trafficking charges. (AP Photo/Colombian National Police)   **EFE OUT**
In this photo released by the Colombian National Police, confessed drug trafficker, Miguel Rodriguez Orejuela, center, is escorted by police officers to a U.S. government airplane at the Palanquero Air Base near Puerto Salgar in central Colombia, Friday, March 11, 2005. Rodriguez Orejuela who, along with his brother Gilberto helped found the Cali drug cartel, was extradited to the U.S. where he will face drug trafficking charges. (AP Photo/Colombian National Police) **EFE OUT**

Este miércoles 3 de febrero, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia tumbó la tutela que había beneficiado a 14 familiares de los exjefes del ‘Cartel de Cali’, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, con el que sería un tercer recurso de revisión.

Así lo indicó el medio colombiano El Tiempo, que conoció la decisión en segunda instancia de la Sala Laboral con la que deja en firme la condena de estas 14 personas a 13 años de prisión y que había enfrentado a la Sala Penal y la Sala Civil de este alto tribunal.

Este caso se remonta a mediados de julio de 2020, cuando la Sala Penal de este tribunal resolvió una impugnación contra un fallo por el que habían sido condenados los familiares de los Rodríguez Orejuela a 25 años de prisión por lavado de activos por parte del Tribunal Superior de Bogotá.

Este tribunal tumbó un primer fallo en el que habían sido absueltos 25 involucrados por el delito de lavado de activos, a través de la empresa de productos farmacéuticos Drogas La Rebaja.

Por tal motivo, los familiares de los exjefes del ‘Cartel de Cali’ solicitaron una doble conformidad que quedó en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

De esta manera, el alto tribunal aseguró el derecho que tienen los ciudadanos que son condenados a que un juez revise la condena en primera y segunda instancia.

La Sala de Casación Penal determinó reducir la pena de 25 a 13 años para 14 de los implicados, en esa decisión se determinó que “tuvieron conocimiento que, a través del conglomerado, los hermanos Rodríguez Orejuela encubrían ganancias que obtenían del narcotráfico”, recogió el diario El Tiempo.

De igual forma, el diario indicó que la corte determinó absolver a nueve empleados de la empresa de productos farmacéuticos, porque no se encontraron pruebas que los relacionara con el lavado de activos por parte del cartel o el manejo irregular de los recursos.

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Sin embargo, señaló el diario nacional, los familiares determinaron presentar una tutela contra esta decisión de la Sala Penal que los condenaba a 13 años de cárcel, debido a que ellos tenían derecho a la casación y señalaban que habían sido vulnerados sus derechos.

Según el diario nacional, por tal motivo, la Sala Civil del alto tribunal consideró que los familiares de los Rodríguez Orejuela tenían derecho a la casación, lo que creó el tercer recurso de revisión, argumentando que a pesar de existir una doble conformidad, impedir una casación era una medida restrictiva en el proceso.

Lo anterior evidenció un enfrentamiento entre las salas Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, debido a que para la primera no existía una razón jurídica para permitir esta casación y señaló que este caso no se debía prestar para un sin número de recursos, ya que tres jueces habían evaluado el caso, recogió el medio El Tiempo.

Por tal razón, la tutela que llegó a la Sala Laboral fue tumbada en segunda instancia, otorgándole la razón a la Sala Penal que había revisado la condena del Tribunal Superior de Bogotá.

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