MinDefensa y Policía Nacional se niegan a reparar a las familias de los diputados del Valle asesinados por las extintas Farc

Cuando los familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca secuestrados en 2002 y asesinados en 2007 por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) creían que por fin serían reconocidas como víctimas de la violencia, el Estado volvió a obstaculizar su lucha. A través de una tutela, la Nación pidió que el Consejo de Estado elimine un fallo que emitió en septiembre de 2020, que ordena indemnizar a las víctimas con 23.000 millones de pesos y un acto público de aceptación de responsabilidad y petición de perdón.

“Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa (MinDefensa) y Policía Nacional - a pagar la suma de $23.004.340.598 a los integrantes del grupo presentes en este proceso y a los que se integren con posterioridad dentro de la oportunidad legal”, se lee en la sentencia del fallo mencionado.

El Consejo de Estado explicó que el MinDefensa y la Policía tuvieron parte de la responsabilidad en el crimen, porque eran conscientes de que los diputados estaban amenazados y no les brindaron la seguridad necesaria. A pesar de esto, los entes niegan la acusación del tribunal, y por consiguiente, las obras de reparación a las víctimas.

“El Ministerio de Defensa y la Policía aseguran que pagar la indemnización sería hacerle un daño al Estado. Además, dicen que se acumularon las indemnizaciones por el secuestro y por la muerte, lo que derivó una cuantía exagerada que desborda los límites de la jurisprudencia. Esto no es cierto. Cuando se suman las dos demandas, obviamente se ve una cifra excesiva, pero si se toman por separado, dicho exceso no existe”, explicó Héctor Carvajal, representante de las víctimas, en Noticias Caracol.

Las familias de los diputados asesinados rechazan rotundamente la negativa del Estado y piden retirar la tutela interpuesta para desconocer el fallo. Los afectados piden que se les indemnice ya que dependían económicamente de los fallecidos y sobre todo, quieren ser reparados moralmente. Así mismo, aseguran que en Colombia el Estado nunca ha negado pagar los daños a las familias que han sufrido crímenes de este tipo.

Sigifredo López, el único de los diputados secuestrados que sobrevivió, también se pronunció acerca de la situación y aseguró que están revictimizando a los afectados.

“Me parece el colmo que haya apelado la Policía y MinDefensa por detrimento patrimonial, cuando las víctimas padecen el sufrimiento por la vida pérdida de sus seres queridos, por el dolor que hemos vivido durante siete años. (...) Después de una lucha jurídica de más de 13 años, donde no nos habían reconocido absolutamente nada, cuando por fin nos reconocen, nos vienen hablar de esto”, manifestó López en el noticiero.

El exdiputado, además de quejarse del Estado, arremetió contra los excombatientes de las Farc que se acogieron al Acuerdo Final de Paz y están participando en proyectos de reinserción o política. “Los victimarios están en el congreso gozando de todos los beneficios, de todos los miles de millones que han recibido para sus proyectos productivos y reincorporación, y ahí sí nadie dice nada”, declaró López.

Cabe recordar que, esta no es la primera vez que el Estado se niega a hacer la respectiva reparación. La sentencia del Consejo de Estado publicada el año pasado fue emitida para revocar una decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negaba indemnizar y pedir perdón a los familiares de los 11 diputados asesinados por las FARC.

Por el momento, las víctimas esperan que en los tribunales se les dé la razón y así ponerle fin a casi 19 años de sufrimiento. Los afectados viven angustiados desde las 10 de la mañana del 11 de abril de 2002, cuando los guerrilleros se tomaron el edificio de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y secuestraron a 12 diputados.

Cinco años más tarde, el 18 de junio de 2007 se conoció que 11 de los secuestrados habían sido asesinados por los subversivos. López, el único sobreviviente, recuperó su libertad el 5 de febrero de 2009, gracias a la mediación del gobierno brasileño, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y un grupo de intelectuales y políticos llamado Colombianos por la Paz.

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