Miembros de grupos al margen de la ley podrían acceder a la vacuna contra el covid -19

Alrededor del Plan Nacional de Vacunación han surgido varias polémicas como la fecha de llegada de las dosis, su costo y el orden en el que serán aplicadas. Ahora, durante los primeros días de febrero, surgió un nuevo debate: ¿podrán los miembros de grupos armados al margen de la ley inmunizarse contra el covid-19? Aunque el Gobierno nacional no se ha referido al tema, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) señala que los subversivos sí podrían vacunarse.

Esta situación empezó a ser discutida por los colombianos, este 3 de febrero, cuando Eisenhoward Dejanón Zapata, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Risaralda, puso el tema sobre la mesa. El líder se pronunció para advertir que las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), el Ejército Popular de Liberación (Epl), entre otros grupos criminales, podrían pedir la inmunización de sus tropas.

“En aras del conflicto armado, en este caso la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y en general cualquier bando que se encuentre en confrontación bélica, reconoce el Derecho Internacional Humanitario, que tienen acceso a ese tipo de vacunas, y podrían llegar a acuerdos humanitarios”, aseguró el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas (Movice) en Risaralda.

La petición, aunque pueda ser absurda e indignante para una parte de los colombianos, estaría dentro de la legalidad. El DIH se creó para proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas en situaciones donde se viven conflictos armados internacionales o internos, como es el caso de Colombia. En documentos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se establece que la asistencia de salud en conflictos armados debe ser garantizada, no sólo a las víctimas de la violencia, sino también a quienes perpetran estos actos.

Para que los alzados en armas pueden inmunizarse, deben llegar a un acuerdo con el Estado y con organizaciones apolíticas que permitan llevar a cabo la vacunación de forma segura para todas las partes. Zapata explicó que, una forma de lograrlo es que se pacte un cese bilateral al fuego con cada uno de los grupos al margen de la ley para que el personal de la salud pueda ingresar a las zonas de conflicto.

Cabe resaltar que, hasta el momento ningún grupo subversivo ha hecho una petición formal para ser incluido en el Plan Nacional de Vacunación. Así mismo, el Gobierno nacional tampoco se ha referido al tema, pero debería pensar en esta compleja situación teniendo en cuenta que se espera que la inmunización inicie en dos semanas.

“En caso tal que los grupos alzados en armas en Colombia se amparen el Derecho Internacional Humanitario para pedir la vacuna del covid-19, el Gobierno Nacional tendría que buscar el mecanismo para inmunizar a las personas que permanecen en el monte, respetando así su derecho a la salud”, reiteró el vocero del Movice Risaralda.

Dentro de este mismo debate también se debe tener en cuenta a las víctimas del conflicto que habitan en territorios en los que actualmente hay presencia de entes armados. Durante las últimas semanas se han reportado varios fuegos cruzados entre distintos grupos delictivos, o entre éstos y la fuerza pública. En cualquiera de las situaciones, los principales afectados son personas que no tienen que ver con la guerra, y ellos podrían ver afectado su acceso a la vacuna.

El CIRC explicó que en contextos de conflicto, la distribución de la vacuna podría verse obstaculizada por distintos factores como la capacidad sanitaria reducida y enfrentamientos por disputas de territorio. La entidad aseguró que, llegar a las líneas del frente y a zonas controladas por grupos armados puede ser complicado, por eso los Estados deben tener esto en cuenta y encontrar soluciones a la problemática.

“El personal de salud y toda persona con un sistema inmune comprometido en zonas afectadas por conflictos armados sufre la doble carga del conflicto y de la COVID en lugares a menudos olvidados y desatendidos. Estas personas deben tener el mismo derecho y acceso a la vacuna que las demás”, aseveró Robert Mardini, director general del CICR, en un comunicado de prensa.

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