Las razones por las cuales el Colegio de Penalistas de Colombia demandará Ley que evita la prescripción en delitos sexuales

Este miércoles el presidente Iván Duque sancionó la Ley aprobada por unanimidad en el Congreso que declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad y que tiene como autora a la representante a la Cámara por el Partido Verde, Katherine Miranda. En otras palabras, los delitos cometidos desde la sanción del Presidente en adelante, podrán ser llevados a la justicia en cualquier momento de la vida, así hayan pasado 30, 40 o 50 años desde que se cometieron.

Aunque tanto Miranda, a quien casi no invitan a la firma de su propia Ley, como el presidente Iván Duque califican esta medida como algo histórico, desde su trámite en el Congreso se debate si de verdad tiene un impacto positivo en el sistema judicial en el país y, más importante aun, en las víctimas.

La abogada y asesora de magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, magister en derecho penal y criminología y autora del libro Pruebas en delitos sexuales en el contexto del precedente judicial, María Angélica Patrón Pérez, declaró a Infobae que la medida termina siendo todo lo contrario a lo que busca la congresista. “La prescripción de los delitos protege que el estado investigue, juzgue y sancione. Si eliminamos esas restricciones en el tiempo (de 20 años después de cumplir la mayoría de edad, como estaba hasta este miércoles antes de la sanción), ¿Quién garantiza que los casos no se pierdan en el tiempo?”, cuestionó.

Además explicó que entre más tiempo pase para que se hagan las denuncias, con el único recurso probatorio que se contará será con los recuerdos “¿y dónde quedan los recuerdos? en la memoria y con el tiempo se van perdiendo detalles de cómo, cuándo y dónde sucedió el delito y va a ser mucho más difícil condenar a alguien. No imposible, pero sí más complejo”.

Uno de los materiales probatorios más determinantes en delitos de acceso son las periciales, que es cuando se tiene en cuenta el testimonio de un perito encargado, generalmente, de explicar los resultados de las pruebas que se le practican a la víctima inmediatamente sucede el acto para determinar si hay marcas, huellas, cabellos o alguna pista en el cuerpo para incriminar de alguna forma al presunto agresor. En Colombia estas pruebas están a cargo de Medicina Legal. De acuerdo a Patrón, estos rastros desaparecen muy rápido. “Con un baño se pueden ir”, afirmó la funcionaria judicial.

A esta misma teoría se suma Andrés Felipe Caballero, abogado litigante y miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia que, desde ya, le confirmó a Infobae que demandarán la constitucionalidad de la Ley. “Primero es una medida populista. Lanza un mensaje a a la sociedad de esperanza, pero no tiene un efecto útil y, en lo material, resulta siendo negativo. Lo que genera es una sensación de relajamiento en las autoridades porque si muchas veces para evitar la prescriptibilidad de los delitos, imagínese ahora que tendrán toda la vida para investigarlos”.

La abogada Patrón señala que el tiempo límite que se le pone a la acción penal es para priorizar los casos que estén a punto de prescribir, “ahora con esta ley, como tienes todo el tiempo, no se va a primar ninguno de esos casos, así que pueden que no se resuelvan en años”.

Caballero, por su parte, afirmó que hay algunos casos en que el ente acusador ha tomado vías alternas para evitar que los procesos culminen su paso por la justicia. “La Fiscalía ha tenido casos que declaran de lesa humanidad para que no prescriban y de esa manera ocultan su negligencia, ahora con esta ley ya no lo van a necesitar porque desde ya pueden demorarse”, además agregó que no hay ni una sola posibilidad que, por el contrario, se prioricen estos casos porque “así ha funcionado históricamente el aparato judicial” en Colombia.

“Si la Fiscalía no investiga a veces en 10, 15, 20 años, ¿ya qué va a investigar en 40?”, concluyó.

“Lo consultamos con los más importantes penalistas”: Katherine Miranda

La congresista le dijo a Infobae que el proyecto de ley lo trabajaron de la mano con Save The Children, una ONG que trabaja por la infancia en el mundo. Según Miranda, el proyecto se enmarca en una iniciativa que se pretende expandir por toda América Latina y que su proyecto fue consultado y respaldado por abogados como Sandra Borda y Rodrigo Uprimmy.

“Esta ley le permite a la víctima que denuncia en cualquier momento porque a partir de los 35 años es que a veces se tiene la valentía, la fuerza y la voz para denunciar y eso es lo que estamos garantizando”, aseveró Miranda. Frente a las afirmaciones de que no está comprado que esto impulse las denuncias, la congresista dice que cuando una persona habla, motiva a otras a hacerlas y, “por lo general, el agresor no solo violenta a una persona, sino a varias y esto genera más voces en su contra”.

Sin embargo, Miranda coincide con los abogados y con el Colegio de Penalistas en que en la justicia del país pueden presentarse retrasos, pero afirma que desde ya siente esa responsabilidad de ayudar a fortalecer el aparato judicial del país y por eso contó que le propuso tanto a la exministra de Justicia y ahora procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, como al actual jefe de cartera, Wilson Ruiz Orejuela, que “así como tenemos la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tengamos la Jurisdicción Especial para la Niñez”, y así cargar a un tribunal específico estos casos. Sin embargo, dice que la responsabilidad no cae solo sobre ella si no en todo el Congreso para que presionen a la justicia colombiana a mejorar sus tiempos.

También contó que en medio del trámite, la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le dijo que unificaran el proyecto de cadena perpetua impulsado por el Gobierno, pero que se negó porque creyó que iban en caminos diferentes. “Yo soy mamá de una niña de seis años y comprendo los vacíos jurídicos que puede tener la cadena perpetua y por eso le dije a Nancy Patricia que no íbamos a unir los proyectos, aunque yo voté favorable (a ese proyecto de Acto Legislativo)”, señaló.

Finalmente, frente a la demanda que el Colegio de Penalistas nacional le impondrá a la demanda, dijo que la esperaba porque “todas las leyes las demandan”, pero aseguró que, junto con su equipo, hicieron el trabajo bien y que ahí se trabajó con diferentes juristas especializados y universidades. “La Corte sabrá si hicimos bien o si no. Esperemos que la demanda no prospere”, concluyó.

El Colegio también prepara una nueva demanda para el proyecto de cadena perpetúa en Colombia. Este miércoles se conoció de un concepto que enviaron a la Corte Constitucional rechazando y declarando inconstitucional el proyecto. “La edad promedio de los que comenten delitos sexuales es de 39 años, según la Comisión asesora del Consejo de Política Criminal, con la pena que tenemos de 55 años, ¿de verdad no es suficiente?”, dijo Caballero.

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