El presidente Iván Duque mantuvo una reunión, este miércoles 3 de febrero, con el fiscal General, la procuradora General y el defensor del Pueblo, con el fin de darle vida a la estrategia interinstitucional de unificación de información sobre crímenes de defensores de derechos humanos.
En el encuentro, el jefe de Estado señaló que habrá una metodología única de análisis, que tendrá como base fundamental las cifras que reposan en la Fiscalía y su capacidad investigativa. “La Fiscalía es la puerta de entrada a la justicia en Colombia”, señaló el fiscal General, Francisco Barbosa, sobre la tarea de unificar la información relacionada con los crímenes de líderes sociales en el país.
Sin embargo, el anuncio ya causó controversia pues ven esta estrategia un “golpe a la democracia” y a la efectividad de la información que entregará ahora la Fiscalía sobre estos crímenes, que son repudiados hasta por entidades internacionales.
Así lo dejó ver el analista político Ariel Ávila, quien aseveró que, “el gobierno de Iván Duque y los órganos de control, la procuradora Margarita Cabello, el defensor del Pueblo el cuestionado Carlos Camargo y el fiscal Francisco Barbosa, los tres de la coalición de gobierno, acaban de darle un golpe brutal a la democracia colombiana y brutal al sistema de medición de protección a los derechos humanos en Colombia”.
Ávila explicó que es muy peligroso que bajo la pretensión de unificar las cifras sobre asesinatos y victimización a líderes y lideresas sociales, decidieran que únicamente lo puede hacer la Fiscalía.
“Hasta el momento la Fiscalía maneja los mismos datos de Naciones Unidas, que son datos parciales por el tema de cubrimiento territorial y están muy por debajo del trabajo que hace la Defensoría del Pueblo”, expuso el analista.
Así mismo, dijo que esa acción significa que borrarán el trabajo de la Defensoría del Pueblo, “y ahora lo que diga el fiscal Barbosa es lo que van a cumplir”.
En la reunión también se detalló que, será el ente acusador quien determiné quién era y quién no un líder social. “Es la única entidad de Colombia que puede poner a sus investigadores inmediatamente en terreno, para determinar sin especulaciones quién es y cuáles fueron las consideraciones de un determinado crimen en el país”, dijo Barbosa.
Le quitan ese trabajo otra vez a la Defensoría del Pueblo y a otras instituciones que hacen seguimiento al tema de derechos humanos y de protección de líderes y lideresas sociales. Por qué, seguramente porque eso significa que van a reducir la cifra y van a comenzar a escrutar quién era y quién no era un líder social.
Ariel Ávila recordó que, en el gobierno de Álvaro Uribe, la Defensoría del Pueblo fue “opacada” y “silenciada”, y en esta ocasión quieren volver a callar esta entidad.
“Y para esto se prestó Carlos Camargo, el mismo que entregó contratos a diestra y siniestra cuando estaba en la Federación Nacional de Departamentos, y advertimos que su elección iba a ser muy cuestionada. Igual que Margarita Cabello, que logró aplazar por cuarta vez la audiencia de Eduardo Pulgar (...) Para eso la coalición de gobierno eligió a los órganos de control, para darle un golpe a la democracia”, concluyó Ávila.
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