Dictan condena en contra de David Wigoda, el fugitivo dueño de Factor Group acusado de estafa por más de $150 mil millones

Luego de varios años de proceso e investigación en contra de la empresa Factor Group, su representante, David Wigoda Rinzler, fue condenado por el Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá a 13 años de prisión, por los delitos de captación masiva y habitual y estafa agravada en masa. El material probatorio y los argumentos entregados por la Fiscalía fueron claves para dicha orden.

Un fiscal de la Unidad de Fe Pública de la Dirección Seccional de Bogotá, demostró que fueron estafadas más de 1.557 víctimas, por una cantidad de dinero aproximada en 143.462 millones de pesos. Con base en esto, el juez tomó la decisión de emitir sentencia, negar beneficios y ordenar la captura de Wigoda Rinzler, quien al parecer se encuentra en Israel, prófugo de la justicia.

El caso de esta compañía fue uno de los más sonados en los últimos años, pues se trata de un hecho que dejó miles de afectados por la captación ilegal de millonarios recursos. Abogados de las víctimas esperan que sean reparadas por medio de un fideicomiso en el que hay algunas fincas y un lote en Sabaneta, Antioquia.

Esta investigación comenzó en el año 2011, cuando la Superintendencia Financiera compulsó copias sobre la forma como, desde el 2007, se estaba captando dinero por parte de la empresa Factor Group a través de un modelo de negocio conocido como contrato de compraventa de activos al descuento vinculados a un fideicomiso.

Tras conocer que las autoridades empezaron a tomar medidas contra la organización, se dice que David Wigoda y su hermana Beatriz Wigoda, migraron hacia otros países. Al parecer el empresario David Wigoda, quien es de origen judío, viajó a Madrid para luego encontrarse con su familia en Israel. Todo parece indicar que desde ese país inició a tramitar la ciudadanía puesto que no en ese territorio no se extradita a sus ciudadanos.

Según se conoció en ese entonces, durante los meses previos a abandonar Colombia, los hermanos vendieron gran parte de sus pertenencias y le otorgaron poder a un tercero para vender algunas de sus propiedades.

Caso de Factor Group

Su presidente David Wigoda era un reconocido ingeniero civil que durante varios años trabajó en el denominado Sindicato Antioqueño, conocido hoy como Grupo Empresarial Antioqueño. Sus labores con la firma Suratep lo llevaron a obtener un gran reconocimiento para posteriormente fundar su propia empresa, así que, en 2004, inició la compañía junto a su cuñado Juan Guillermo Jaramillo.

Al principio todo parecía legal y práctico, pues basaron su actividad económica en adquirir de personas o empresas con poca liquidez, facturas, títulos, contratos, propiedades y órdenes de compra, para luego venderlas a terceros con grandes rentabilidades.

Sin embargo, las cosas empezarían a cambiar cuando algunos de sus clientes denunciaron incumplimientos en los pagos de una de sus líneas de negocio; inversiones en inmuebles y ceba de ganado. En ese momento, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera iniciaron un proceso de vigilancia para determinar qué era lo que estaba pasando.

Meses después la Superintendencia Financiera detectó que la compañía estaba haciendo actividades de captación ilegal de recursos, y ante la no devolución de sus dineros, los inversionistas decidieron emprender acciones legales. En agosto de 2013 entablaron una demanda ante la justicia penal, en contra de Wigoda y José Botero, uno de los socios.

A partir de ese momento, las investigaciones empezaron a revelar las actividades fraudulentas que se llevaban a cabo en la compañía, en las que solo se dedicaban a enviar por correo electrónico aparentes movimientos rentables de capital, convirtiendo los contratos en compra venta, donde el dinero de los inversionistas era trasladado de manera ilegal a fideicomisos falsos.

Como parte del proceso, en febrero de 2017, el Juzgado 13 Penal del Circuito de Bogotá dictó sentencia condenatoria por los delitos de estafa agravada por la cuantía en modalidad masa, captación masiva y habitual de dineros, falsedad en documento privado y concierto para delinquir, en contra de Lina María Vélez Restrepo, quien aparecía como gerente comercial y condenada a 7 años 8 meses de prisión en abril de 2017. Por su parte, Mónica Arbeláez Montoya, quien era la gerente administrativa, fue condenada en septiembre de 2017.

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