Los comerciantes del departamento del Atlántico están laborando aterrorizados porque varios grupos delictivos están extorsionándolos desde finales de 2020. En el caso de Barranquilla, la capital atlanticense, los vendedores denuncian que están recibiendo llamadas donde les exigen el pago de altas sumas de dinero.
El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) informó que, los criminales están usando el ataque con granada perpetrado el pasado 12 de enero en el centro de la ciudad, para amedrentar a la población.
“Los delincuentes han llamado a diferentes comerciantes manifestándoles que ellos fueron los que pusieron la granada e intimidándolos con que les va a pasar lo mismo si no pagan”, contó el mayor Diego Molina, comandante del Gaula.
Pero Barranquilla no es el único territorio afectado, pues los comerciantes de la zona costera del Atlántico, específicamente en Tubará, municipio ubicado al norte del departamento, también están siendo aterrorizados. En el caso de esta población, los delincuentes no piden dinero, sino armamento y apoyo logístico para dominar el territorio.
“Los llamaron diciéndoles que necesitaban municiones, armamento, material de intendencia logística para apoyar su causa y hacer presencia en la jurisdicción del departamento del Atlántico”, aseguró el mayor Molina.
Es de conocimiento público que, el ataque del 12 de febrero fue perpetrado por miembros de la banda ‘Los Costeños’, liderados desde la cárcel por Tommy Yoel Zerpa Brito, alias ‘Tommy Masacre’ y Carlos Alberto Ortíz Blanco, alias ‘Cachetes’. En esta oportunidad, las autoridades manifestaron que aún no han identificado quienes están amenazando a los comerciantes, pero no descartan que, en efecto, sean otros miembros de la misma organización criminal.
La comunidad tiene temor de que ‘Los Costeños’ u otros grupos al margen de la ley como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), se apoderen del departamento. Los pobladores de Tubará, sobre todo quienes habitan en zonas rurales de ese municipio, temen que la situación se agrave y terminen siendo desplazados del territorio o forzados a cometer actos ilícitos a cambio de no atentar contra sus vidas.
La Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar) y la Policía del Atlántico aseguraron que ya están trabajando en un plan para combatir los actos terroristas que se han reportado en el departamento. El coronel Hugo Molano, comandante de la Policía departamental, reveló que tienen indicios de que las llamadas extorsivas están siendo hechas desde distintos centros reclusorios de la costa caribe.
Según información brindada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la corrupción está presente dentro de los 132 centros reclusorios del país. Solo durante 2020 fueron capturados 44 funcionarios del sistema penitenciario por cometer actos de corrupción dentro de las cárceles. Estas personas ayudaron a los detenidos a ingresar elementos prohibidos a los centros de reclusión como celulares, drogas, armas blancas, entre otros.
“Este año hemos capturado a 44 funcionarios, que llevamos 100 actuaciones administrativas. Llevamos más de 17.000 celulares incautados, 800 gramos de estupefacientes, 45.000 accesorios de celular”, aseguró el general Norberto Mujica, director del INPEC, a finales del año pasado.
Según la denuncia, las irregularidades son producto de convenios criminales entre los reclusos y los mismos guardias que, en lugar de estar cumpliendo con las tareas que les exige su cargo, “están ayudando a desprestigiar el nombre de la institución”. Mujica denominó a esos funcionarios como manzanas podridas, y aseguró que están trabajando fuertemente en operativos para desmantelar a más funcionarios que no sigan las reglas y colaboren con los delincuentes.
Teniendo esto en cuenta, el comandante de la Policía del Atlántico reiteró a la comunidad que no deben pagar extorsiones, y por el contrario, deben hacer las denuncias pertinentes para acabar con los actos de terrorismo. Por parte del Inpec, el llamado también es a reportar situaciones irregulares dentro de los pabellones carcelarios para acabar con este flagelo desde el interior del sistema.
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