Abogado Jaime Lombana asegura que la captura de funcionario de EPS es una estrategia para callar sus denuncias de corrupción contra representante a la Cámara

Gustavo Aguilar, presidente de Asmet Salud, ya se encuentra en poder de las autoridades acusado de haberse apropiado, ilegalmente, de más de $20 mil millones.

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Hoy, jueves 4 de febrero, sobre las 3:00 p.m, se espera la resolución sobre el destino legal del hombre acusado de fraude procesal y peculado por apropiación.
Hoy, jueves 4 de febrero, sobre las 3:00 p.m, se espera la resolución sobre el destino legal del hombre acusado de fraude procesal y peculado por apropiación.

Luego de la orden de captura, el pasado 1 de febrero, y la posterior detención de Gustavo Adolfo Aguilar, presidente de Asmet Salud EPS, por parte de unidades del CTI de la Fiscalía, Jaime Lombana, abogado que quedó a cargo del caso del directivo de esa entidad de salud, aseguró que la captura de su cliente se trataba de un montaje y que lo único que se buscaba con su privación de la libertad es callarlo por las denuncias que hizo, en el 2020, contra el representante a la Juan Carlos Reinales, a quien acusó de pedirle coimas.

Las declaraciones de Lombana se dan cuando, a pesar de los pocos días que ha estado Aguilar detenido, la Fiscalía ya le solicitó al juez 1 de garantías de Popayán enviarlo a la cárcel. Hoy, jueves 4 de febrero, sobre las 3:00 p.m, se espera la resolución de ese ente sobre el destino legal del hombre acusado de fraude procesal y peculado por apropiación.

“Se ha cometido un gran atropello contra mi representado para callarlo. Para callarlo porque tuvo la osadía de denunciar un acto de corrupción de un congresista de Pereira, del mismo municipio de donde es un alto funcionario del Estado que todo lo que puede, todo lo mueve”, aseguró Lombana en testimonios recopilados por BluRadio.

Jaime Lombana, abogado que quedó a cargo del caso del directivo de esa entidad de salud, aseguró que la captura de su cliente se trataba de un montaje y que lo único que se buscaba con su privación de la libertad es callarlo por las denuncias que hizo, en el 2020, contra el representante a la Juan Carlos Reinales, a quien acusó de pedirle coimas.
Jaime Lombana, abogado que quedó a cargo del caso del directivo de esa entidad de salud, aseguró que la captura de su cliente se trataba de un montaje y que lo único que se buscaba con su privación de la libertad es callarlo por las denuncias que hizo, en el 2020, contra el representante a la Juan Carlos Reinales, a quien acusó de pedirle coimas.

Las denuncias de las que habla Lombana, y por lo que acusa a la justicia colombiana de actuar incorrectamente sobre su defendido, se dieron luego de que, gracias a una investigación del periódico El Tiempo, se hicieran públicas conversaciones de ambos hombres en donde se escuchaba lo que se presume era una negociación ilegal.

“¿Usted me le pagaría carterita a unos hospitales que tengo por ahí?”; “No, yo le paso el listadito y mejor personal para evitar malos entendidos y malas güevonadas”, entre otras cosas registradas en un audio de cerca de 15 minutos. Reinales, quien le hacía solicitudes de dinero a Aguilar, se defendió en su momento y aseguró que todo se trataba de un montaje en su contra para opacar su gestión en la política del país.

“Mi cliente fue capturado para callarlo porque saben que en la Corte Suprema de Justicia camina una denuncia por concusión donde fue víctima mi representado. Qué casualidad que a las dos semanas de haber hecho pública esa denuncia, en diciembre del 2020, salen unas órdenes de policía judicial”, agregó el abogado sobre su cliente que, según la Fiscalía General de la Nación, se habría hecho acreedor de más de $20 mil millones gracias a su accionar irregular mientras ejercía como gerente de la entidad entre 2008 y 2012.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por BluRadio, la Fiscalía no solo tiene esa prueba en contra de Aguilar, sino que también tiene en su poder interceptaciones de otras llamadas y un informe del CTI con el análisis de lo dicho es esas conversaciones. En esos audios, según la emisora, habrían charlas entre Aguilar y la delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud, Eva Carrascal, en donde se habla de “tramitar la resolución del 127 del año 2018 a favor de esa EPS (Asmet Salud)”.

Eva Carrascal fue inhabilitada por 20 años luego de que se demostrara que había recibido, en agradecimiento, un apartamento por agilizar, irregularmente, trámites administrativos mientras se desempeñaba como superintendente delegada para la Supervisión Institucional de Superintendencia Nacional de Salud.
Eva Carrascal fue inhabilitada por 20 años luego de que se demostrara que había recibido, en agradecimiento, un apartamento por agilizar, irregularmente, trámites administrativos mientras se desempeñaba como superintendente delegada para la Supervisión Institucional de Superintendencia Nacional de Salud.

Una fiscal en el caso aseguró, en testimonios divulgados por esa misma emisora que, “esos informes de interceptación de la línea no tienen relación con hechos imputados, pero seguramente serán materia de investigación de otro despacho. Para la Fiscalía es importante traerlos a colación porque es una forma de evidenciar a la judicatura la forma en la que maneja sus asuntos Gustavo Adolfo Aguilar y la costumbre a veces de cómo obtiene inclusive algunos actos administrativos a su favor”.

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