En medio del recrudecimiento de la violencia en Colombia, la Defensoría del Pueblo entregó una buena noticia este 3 de febrero. La entidad, con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), liberó a Ever Andrey Castro, soldado del Ejército Nacional, quien había sido secuestrado por disidencias del frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Las autoridades aseguraron que el uniformado fue raptado el pasado 4 de enero en la subregión del Catatumbo (Norte de Santander), lugar donde también se presentó su liberación.
“Esta es la primera liberación que facilitamos en 2021. Nos alegra que esta persona recupere la libertad y que sus familiares puedan recobrar también la tranquilidad. Ese es el propósito de nuestra labor humanitaria, ayudar a quienes más lo necesitan”, aseguró Nicolas Lenssens, jefe de la subdelegación del CICR en Bucaramanga.
Según versiones oficiales, Castro fue secuestrado cuando terminó su guardia militar y abandonó las instalaciones de la base militar de Tibú (Norte de Santander). El paradero del uniformado fue desconocido hasta el 9 de enero, cuando los subversivos que no se acogieron al Acuerdo de Paz revelaron que habían raptado al hombre.
Desde entonces, Castro estuvo en la zona rural del Catatumbo y aún no hay muchos detalles de cómo fue su alimentación y su estado de salud durante el mes que estuvo en cautiverio. Teniendo esto en cuenta, una vez se dio la liberación del uniformado, la comisión de la Defensoría y el CICR lo trasladaron a la base militar de Tibú para hacer la valoración pertinente.
Cabe mencionar que justo este 2 de febrero, un día antes de la entrega de Castro, el Ejército reportó que otros dos soldados, identificados como Jhony Andrés Castillo Ospino y Jesús Muñoz Segovia, fueron secuestrados en la subregión. Las autoridades detallaron que el plagio se dio en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio de El Carmen (Norte de Santander) cuando los uniformados salieron del Batallón Energético N.º 10 para buscar alimentos.
Hasta el momento la fuerza pública desconoce quienes son los responsables de este hecho en particular, pues en el Catatumbo, además de las disidencias de las Farc, operan otros grupos como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), el Ejército Popular de Liberación (Epl), también conocidos como Los Pelusos, y el grupo narcoparamilitar Los Rastrojos.
Todos estos grupos armados ilegales hacen presencia en la subregión ya que esta es un punto estratégico para controlar rutas de narcotráfico y trochas fronterizas con Venezuela. Los distintos entes armados se disputan el territorio, y además de violar los derechos de los uniformados, también atacan a los civiles.
En las confrontaciones entre los criminales se han registrado fuegos cruzados que han obligado a la comunidad a confinarse. Incluso, el pasado 12 de enero, la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió del riesgo de desplazamiento en tres veredas de Tibú por enfrentamientinos entre grupos armados ilegales.
“Repudiamos estos hechos que violan flagrantemente los derechos humanos y se incurre en graves infracciones al derecho internacional humanitario”, aseguró el Ejército en un comunicado de prensa.
El CICR anunció su disposición para ayudar en esta situación, teniendo en cuenta que durante los últimos 50 años ha facilitado la liberación de 1.806 personas que estaban en poder de grupos al margen de la ley. La entidad reiteró que al ser una organización que se rige por principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, espera que los actores armados confíen en ella para así restablecer los derechos de todos los afectados por el conflicto y otras situaciones de violencia.
“Esperamos a lo largo del año seguir contando con el respeto y la confianza de todos los actores armados para continuar trabajando por las víctimas del conflicto y la violencia armada”, manifestó Lenssens.
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