“La alternatividad en las penas no puede implicar la revictimización de las víctimas frente a sus verdugos”: Iván Duque

El presidente reconoció la imputación contra los ocho exmiembros del secretariado de las Farc por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero aseguró que esta no es suficiente.

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El presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/José Méndez/Archivo
El presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/José Méndez/Archivo

Este martes 2 de febrero, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseveró que la alternatividad de las penas no puede implicar la revictimización de las víctimas cuando estas ven a sus verdugos ocupando importantes cargos en el país.

Así lo aseguró el primer mandatario en el acto anual de saludo al cuerpo diplomático acreditado en el país, que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, en el que reconoció la imputación contra los exmiembros de secretariado de las Farc, pero mencionó que no es suficiente.

“Asumimos con claridad la alternatividad en las penas, pero seamos claros: la alternatividad no puede implicar la revictimización, que se materializa cuando las víctimas ven a sus verdugos ostentar las más altas dignidades del Estado”, afirmó durante el evento.

En ese sentido, Iván Duque aseguró que desde el Gobierno nacional celebran la imputación que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el delito de secuestro contra los exmiembros del secretariado de la guerrilla de las Farc, pero que la imputación no es suficiente.

A su vez, mencionó que a pesar de que estas imputaciones contra ocho jefes de las Farc son un paso relevante y trascendental para el país, el anhelo de los colombianos es ver penas efectivas y proporcionales a la luz del derecho internacional y al Estatuto de Roma, al cual Colombia está vinculado.

“Que podamos ver la absoluta incompatibilidad de ostentar representación política con cumplir penas por crímenes de lesa humanidad. La concurrencia de esas dos condiciones sencillamente implica una revictimización de quienes han sido lacerados por los fusiles, sin justificación, por las persecuciones, por las violaciones, por la usurpación de esa transparencia juvenil o de niñez cuando fueron reclutados, muchos ilegalmente”, puntualizó el mandatario.

Por tal motivo, el presidente Iván Duque hizo un llamado a la comunidad internacional para que “entienda esta coherencia” entre la responsabilidad de estos delitos de lesa humanidad y las penas que deben asumir.

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Por último, el jefe de Estado recalcó que para conseguir una paz con legalidad es importante corresponder a los principios de la verdad, justicia reparación y no repetición, a la vez que recordó que desde su gobierno se solicitó la Misión de Observación de las Naciones Unidades realizar un seguimiento al cumplimiento de las penas impuestas por parte del Sistema Integral, encabezado por la Jurisdicción Especial para la Paz.

El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo
El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

JEP oficializó la primera imputación al secretariado de las Farc

la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó oficialmente acerca de la imputación de cargos a ocho miembros del antiguo secretariado de las extintas Farc-EP. Esto se da en el marco del caso 001 “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” que investiga y terminará judicializando el Tribunal de Paz.

Los responsables de estos hechos son los antiguos miembros del Secretariado que están sometidos a la JEP: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. La responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado, algunos son autores directos.

Después de críticas por más de tres años, la Jurisdicción emitió el primer auto que vincula directamente a los implicados también en delitos de lesa humanidad como torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamientos forzados y privaciones graves de la libertad (cada uno con casos diferentes, por ahora solo se enfocarán en este último). La Sala encontró que las disposiciones relacionadas con las políticas a las que denominaban “retenciones” y que se vincularon con diferentes privaciones a la libertad, se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o condiciones de vulnerabilidad especial.

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