Alcaldes y líderes sociales de Catatumbo rechazan inicio de erradicación de cultivos de coca

La Dirección Antinarcóticos de la Policía envió un comunicado Deivy Bayona, alcalde de Hacarí, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, en el que se informaba que a partir de este 1 de febrero se comenzaría el plan de de aspersión terrestre de glifosato contra los cultivos de coca.

Se trata en términos oficiales del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (Pecat), que está vigente en el país desde que en enero de 2017 el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) le dio luz verde y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó su Plan de Manejo Ambiental.

La estrategia es distinta a la aspersión aérea, que fue suspendida por el mismo en CNE en 2015, pues en este mecanismo el herbicida se vierte sobre las plantaciones de coca con fumigadores manuales.

Ante los anuncios del Gobierno nacional de reactivar la erradicación de los cultivos de coca en varios municipios de la zona del Catatumbo, al detectarse su crecimiento, los alcaldes y líderes sociales rechazaron y cuestionaron esa disposición

El alcalde de Hacarí manifestó que la notificación no especifica en que lugar se va a realizar la erradicación, lo que podría traer consecuencias a la región pues con el inicio de la fumigación terrestre a los cultivos, la situación de orden público, que ya es bastante delicada, pueda escalar.

“Estamos muy preocupados con la erradicación porque siempre que se ejecuta se reanudan los problemas de orden público, ya se registró una acción violenta contra la Fuerza Pública en la vereda Monte Tarra, allí se vieron afectadas las viviendas de varias familias campesinas de la localidad por los disparos de arma de fuego en la zona”, señaló Bayona.

Cabe resaltar que, según la Oficina de Naciones contra la Droga y el Delito (UNODC), Hacarí cuenta con al menos 600 hectáreas de coca cultivadas. En total, en el Catatumbo existen hoy más de 40 mil hectáreas de coca.

Ante lo sucedido, el alcalde dijo que ya se envió una comisión de la Personería del municipio, para investigar las denuncias de la población, por tal razón solicitó al Gobierno nacional, un diálogo con las comunidades campesinas y teme el desplazamiento masivo de familias, quienes están inconformes por el no cumplimiento del programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Lo que teme el funcionario con el inicio de la fumigación terrestre es un eventual desplazamiento de la comunidad. “Lo que viene es que, a la hora de llevarse a cabo la fumigación terrestre, pues el campesino no va a permitir que le vayan a fumigar lo que les está dando el sustento para su familia. Pero también hay terceros que tienen intereses ahí y cuando las cosas se salgan de las manos, el campesino no se va a quedar ahí en el medio, lo que va a hacer es desplazarse y dejar la tierra botada”.

Por su parte, Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), en diálogo con RCN Radio señaló el abandono del Gobierno nacional con la región del Catatumbo en todos los sentidos.

“De nuevo se muestra la falta de compromiso con la zona del Catatumbo, en donde por décadas se ha sentido la ausencia del Estado, en materia de vías, educación, salud y proyectos productivos en donde se requiere de un pago digno de su cosecha, legalización de tierras y una verdadera reforma agraria en beneficio de las comunidades campesinas”, puntualizó Quintero.

El líder social también manifestó su preocupación con la medida, que según él, no va a resolver el problema de los cultivos ilícitos.

“El anuncio genera preocupación porque evidencia que el gobierno Duque sigue insistiendo, aún en medio de la pandemia del covid-19, en una práctica que no va a generar ningún resultado frente al problema de los cultivos de coca; por el contrario, va a profundizar la crisis económica, la crisis social y la conflictividad entre las comunidades campesinas y la fuerza pública”, expresó el representante de la ASCAMCAT.

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