Víctimas de las las FARC podrán sugerir las penas para los excomandantes de la desaparecida guerrilla

Enero del 2021 se convirtió en un mes histórico para el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, en 2016. Luego de poco más de tres años de operación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en los primeros días de este año, este tribunal emitió su primer escrito de hechos y conductas, mediant el cual se acusó a ocho excomandantes de las Farc de ser los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, en relación con el secuestro. Además, se anunció que las víctimas del conflicto podrán intervenir en la definición de las penas alternativas que se le impongan a sus victimarios.

Cómo comandantes de la organización, explicó la Jurisdicción en la imputación de cargos, los exjefes guerrilleros y sus hombres se encargaron de “privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación así como su bienestar, su integridad y su vida (...) tuvieron la intención y la implementaron, de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil en los lugares donde esa guerrilla hacía presencia”.

La JEP, creada como parte los diálogos de paz, y con el objetivo de juzgar los crímenes cometidos en medio de la violencia ejercida durante los años que estuvo vigente esa guerrilla, ya imputó crímenes de lesa humanidad a miembros del antiguo secretariado de las Farc y, Julieta Lemaitre, magistrada de ese ente, explicó lo que sigue en el proceso y la forma en el que las personas que se vieron directamente afectadas podrán hacer parte.

“Las víctimas tendrán la oportunidad de participar no solamente en la audiencia de reconocimiento sino también de hacer llegar a la sala, sugerencias o solicitudes sobre el modo o contenido de la sanción propia que impondría el Tribunal de Paz”, explicó la funcionaria frente a los casos.

De acuerdo con la explicación que dio Lemaitre en las declaraciones que recopiló el portal de RCN Radio, los ahora imputados deciden si confirman su responsabilidad ante lo hechos o si la niegan.

En caso de declararse culpables, los ocho ex jefes guerrilleros se someterán a un proceso de audiencia en donde, tendrán que aceptar públicamente, y ante sus víctimas, lo que hicieron en el pasado. De lo contrario, en caso de declararse como inocentes en los cargos que ya se les imputaron, los hombres se someterían a un juicio en donde, así como podrían ser declarados inocentes y quedar en libertad, podría confirmarse la culpabilidad de lo que se les acusa y pagar una pena de hasta 20 años de prisión.

Para el proceso de reconocimiento o negación de los crímenes de los que se les acusa, los exguerrilleros tienen un plazo de 30 días hábiles, es decir, antes de que se termine febrero, los ocho hombres tendrán que asumir o no la responsabilidad de los cargos que ahora tienen encima. La misma cantidad de tiempo tienen las víctimas para proponer y sugerir medidas que involucren la decisión concluyente de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Julieta Lemaitre aseguró, en los testimonios recopilados por la emisora, que, “las víctimas que se han acreditado como intervinientes especiales en el caso recibirán también el auto y tendrán también el mismo término de de 30 días para hacer comentarios respecto a las conclusiones a las que ha llegado la sala (...) la sala lo que hace es que esas recomendaciones que hacen las víctimas, las analiza, las sistematiza, y se las pasa al Tribunal de Paz diciéndole ‘esto fue lo que pidieron las víctimas’”.

De acuerdo con información recopilada por la JEP, y por los datos entregados por ese ente en medio de la audiencia de imputación a los ocho exintegrantes y exjefes de las FARC, hay 21.396 víctimas de secuestro identificadas con nombre y cédula. El 79% corresponde a hombres y el 21% a mujeres y, la mayor cantidad de tiempo registrada en la que estuvo una persona en cautiverio fue catorce años.

Los imputados fueron Rodrigo Londoño, último máximo comandante que tuvieron las FARC, los miembros del Secretariado Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, que actualmente son senadores, y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda Escobar.