Así lo confirmó el superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal, luego de que se hiciera pública la denuncia que se interpuso en su contra ante la Fiscalía General de la Nación, por parte del presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, quien solicitó al ente de control una investigación penal en contra de Aristizábal argumentando posible relación en delitos de interés ilícito en la celebración de contratos.
La denuncia, que está en proceso desde el año pasado, lo acusa de haber recibido dinero de empresas e instituciones prestadoras de salud por los pagos de cuentas médicas de las I.P.S que prestaban sus servicios a E.P.S. entre el 2015 y 2018.
A través de unos audios que publicó el veedor en Twitter, relaciona a Aristizábal con Luís Guillermo Grosso, exinterventor de Cafesalud, que está relacionado en un caso de corrupción donde fue acusado de que mientras estuvo a cargo de la intervención de Saludcoop, hubo un detrimento patrimonial de más de $80.000 millones, por haber supuestamente sobrepasado el presupuesto de gastos de administración.
La Contraloría indicó que Grosso en Cafesalud se gastó más de $2.000 millones en escritorios, televisores, neveras, entre otros, a pesar de que ese dinero solo podía invertirse en garantizar la prestación de servicios de salud para los afiliados.
Frente a estas denuncias, el funcionario, a través de un comunicado, explicó que para ese entonces no cumplía sus funciones como superintendente.
El funcionario aclaró que “nada irregular ni objeto de reproche puede derivarse de esas conversaciones. El contexto correspondía a la pregunta que todo el sistema de salud se hacía para esa fecha”.
Además, confirmó que desde que inició sus labores como funcionario público, en 2018, “no he sido asesor ni miembro de UTL de ningún congresista ni tuve contrato alguno con el Estado durante los años en que tuvieron lugar estos audios”.
En relación con las denuncias de los audios se defendió diciendo que en las conversaciones no se escucha nada irregular, por ende no deben acusarlo de algo tan grande como un cartel de la salud.
“Nada irregular ni objeto de reproche puede derivarse de esas conversaciones. El contexto correspondía a la pregunta que todo el sistema de salud se hacía para esa fecha. Si Cafesalud iba a tener la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones con sus acreedores públicos y privados”, confirmó Aristizábal.
Y aprovechó para aclarar su participación con la empresa Sarpa, “la empresa Sarpa, para quien yo trabajé como particular, no ha sido objeto de cuestionamiento público por parte de ninguna autoridad en Colombia. Además, empecé a cumplir función pública el 13 de agosto de 2018, años después de las conversaciones publicadas. No he sido asesor ni miembro de UTL de ningún Congresista ni tuve contrato alguno con el Estado durante los años en que tuvieron lugar estos audios”, aseguró.
Según el funcionario, respecto a cuando tuvo todas las conversaciones, no existía ningún cuestionamiento penal conocido sobre Luis Guillermo Grosso.
La denuncia que se conoció por Twitter consta de cuatro audios donde según lo señalado por Bustos se radicó una demanda contra “Fabio Aristizábal, por los audios en los que aparece conversando con el señor Luís Guillermo Grosso, exinterventor de Saludcoop por contratos irregulares que aparecen mencionados en las citadas grabaciones de audios telefónicos, capturados u obtenidos por la propia Fiscalía General de la Nación y que los tenía engavetados”.
El veedor indicó, además que, “los audios son muy delicados y allí se exponen señalamientos concretos, donde de viva voz se estaría aceptando la responsabilidad en hechos abiertamente irregulares cuando fungía como asesor del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez”.
Vea también: