La investigación en torno a un caso de hostigamiento a través de Twitter, coordinada por un grupo de WhatsApp en el que se encontrarían altos funcionarios del Gobierno Nacional, con el apoyo de influenciadores afines al gobierno, denominado popularmente la ‘Bodeguita Uribista’, dio un giro ante la llegada de la nueva dirección del Ministerio Público.
Precisamente, fue la nueva Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, quien ordenó revisar si mantiene o no la decisión del procurador encargado, Alejandro Pérez Martínez, de abrir investigación en contra de dichos funcionarios.
Cabe recordar que la lista de investigados la encabeza Claudia María Bustamante, cónsul general en Orlando (EE. UU.) junto al consejero presidencial para la Transformación Digital Víctor Muñoz; también serán investigados Juan Pablo Bieri, Stephanie Carrillo y Hernán Darío Cadavid, exintegrantes de la utl del exsenador Uribe.
El principio de imputación, según el procurador encargado Pérez Martínez, es la presunta vulneración de los derechos a la libertad de prensa y los derechos políticos de miembros de la oposición.
De acuerdo con el diario El Espectador, la Procuradora Cabello considera “comentar” al Fiscal Barbosa las implicaciones de dicho caso.
Su argumento es que el procurador encargado, quien aún no está posesionado, carecía de la competencia para realizar dicha imputación. Afirma la jefa del Ministerio Público que, en estricta ley, quien debió tomar las riendas de dicha investigación es la procuradora delegada Sonia Téllez.
Otro detalle que ha trascendido es que el procurador encargado tomó 17 determinaciones sobre la misma cantidad de casos, lo que para Cabello es causal de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Cabe resaltar que la Procuradora Cabello en su alocución inaugural cometió el impasse de afirmar que su labor estaba enmarcada en la defensa de “Nuestro gobierno” que incluso motivó una declaración presidencial para desmarcarse de la polémica frase.
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Pero las alarmas no solo sonaron en el Ministerio Público
Uno de los afectados, el representante Antonio Sanguino radicó un memorando en el que manifestó sorpresa por ser notificado el pasado 25 de enero, en horas de la tarde, cuando la decisión del procurador fue del 22, y solicitó transparencia en la investigación.
El argumento de Sandino es que el 25 estaba tomando cargo de sus funciones la procuradora Téllez.
En declaraciones recogidas por El Espectador, Sanguino afirmó en su memorando que: “No se entiende cómo se notificó esa decisión el día 25 de enero de 2021 a las 2:20 p.m., cuando lo cierto es que, en ese momento, teóricamente, ya habría entrado a regir en propiedad la posesión de la doctora Sonia Téllez. La pregunta que se hace esta representación es ¿cómo pudo permitirse la notificación de una decisión hasta el 25 de enero de 2021 a las 2:20 p.m., si la misma se consideraba ilegal en virtud del nombramiento de una nueva procuradora delegada?”.
El diario presupone que la demora en notificarse Sanguino está relacionada a que medió un fin de semana entre la determinación del procurador y la comunicación con el implicado, cuando Téllez ya estaba posesionada.
Al parecer, el quid del problema se halla en que no hubo una transición adecuada entre la administración de Carrillo y Cabello, por lo que el caso de Pérez Martínez, quien habría sido nombrado por el exprocurador Carrillo, fue uno de los afectados en esta transición.
No obstante, la Procuradora Cabello sostiene que los casos llevados durante la provisionalidad de Pérez Martínez son sospechosos, por lo que no detendrá las indagaciones que ha iniciado en días anteriores.
La “Bodeguita Uribista”: una estrategia coordinada por redes para hostigar figuras de oposición
Una estrategia en Twitter que consistió en señalar a los senadores Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino, así como promover almohadillas como #NoVeoNoticiasUno, #LosTestaferrosDeSantos, #LaWPolariza, #JulitoNosQuiereCallar, #CamilitaEstásPillada (por la periodista Camila Zuluaga), #JuvinaoMePoneEnPeligro (por la influenciadora Catherine Juvinao), fueron las causas para que la Procuraduría iniciara investigación disciplinaria contra funcionarios de la Presidencia de la República y miembros de las UTL, así como sus jefes, congresistas del partido de gobierno Centro Democrático.
El modus operandi consistió en la creación de un grupo en la popular aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, denominado ‘Influenciadores’, desde el que los presuntos acusados coordinaron estos ataques digitales.
Según trascendió, el grupo fue creado en Febrero de 2020 y quienes hicieron parte de éste son reconocidos en el ambiente de Twitter como “La bodeguita Uribista”, influenciadores que cuentan con audiencias de miles de seguidores y que han crecido orgánicamente en esta red social, incluso llegando a organizar encuentros presenciales antes de la pandemia.
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