Exguerrilleros piden a la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos protejerlos a ellos y a sus familias

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, hasta la fecha van 252 excombatientes y 39 familiares asesinados, a pesar de que, según la Unidad Nacional de Protección, tanto los exguerrilleros como sus familiares tienen derecho a pedir protección.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) dice que las medidas y esquemas de seguridad que se otorgan a los exintegrantes de las Farc pueden ser extensivas a sus familiares, si así lo estipularon cuando presentaron la solicitud de protección.

Según la entidad, en el caso de esquemas de seguridad colectivos, como los que tienen los lugares especiales para la reincorporación, estos también deben cobijar a los familiares de exmiembros de la extinta guerrilla de las FARC. De acuerdo con la UNP, por el momento son siete los familiares de los excombatientes que cuentan con medidas directas de protección; el resto, no las han solicitado.

De acuerdo con en el Decreto 895 de 2017, el tribunal le pidió al Gobierno nacional que implementara, de inmediato, el Plan Estratégico de Seguridad. Además, desde la JEP, se le ha pedido al Estado que vuelva una prioridad detener el asesinato de excombatientes y también el de sus familiares y darles la protección necesaria.

Según el periódico El Espectador, el plan Estratégico de Seguridad se debe aprobar en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, donde se sientan los firmantes del Acuerdo de Paz y el gobierno, que se encuentra liderada por el consejero para la Estabilización, Emilio Archila.

“Ese plan ha venido siendo trabajado en la Mesa Técnica de Seguridad. Con posterioridad a que recibimos la orden de la JEP, de seguir trabajando en esa dirección, el Gobierno preparó una propuesta que fue puesta a consideración del componente Farc”, dijo Archila para este mismo medio.

El partido político de la antigua guerrilla de las FARC, Partido Comunes, cuenta con cinco delegados en la Mesa Técnica. Uno de los voceros es Luis Eduardo Arboleda, quien contó que, por parte del gobierno, no han cumplido esa parte del acuerdo. “De parte nuestra ha habido un trabajo permanente para lograr sacar ese plan estratégico. Hemos discutido en muchas sesiones el contenido del plan, pero no se concreta nada. Hemos aportado muchos elementos y quien debe expedir el plan es el Gobierno”, dijo Arboleda para Colombia 2020.

Según el Partido Comunes, llevan 6 fechas en las que han presentado ante la Mese Técnica de Seguridad y Protección el plan de seguridad para los exguerrilleros y sus familias. Estas han sido las veces que le han pedido al gobierno que se finalice y se adopte el plan Estratégico de Seguridad: en junio y diciembre de 2018; en febrero, abril y septiembre de 2019, y en febrero y junio de 2020.

Ante esta situación, Tania Rodríguez, directora de territorios de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y William Betancourt, miembro del partido político de las antiguas FARC, se pronunciaron al respecto.

“La impunidad sobre asesinatos que no son lo suficientemente investigados, de los que no se establecen responsabilidades ni se castigan a los responsables, puede generar mayores incentivos para la repetición de hechos como estos”, dijo Tatiana Rodríguez.

“Parece que todo pasa y nada pasa en Colombia, como que nos acostumbramos tanto a la violencia, que hay indiferencia, eso lo tenemos que revisar como sociedad. A los hombres y mujeres que quieren seguir apostándole y que tienen moral para apostarle a la paz y a la búsqueda de la paz en Colombia y que siguen con los acuerdos, que están rodeados y que somos más los que queremos la paz y que son menos los que quieren hacer trizas los acuerdos”, comentó William Betancourt.