Así fue la masacre de cinco jóvenes en una finca de Buga, cuyos responsables fueron judicializados

A las 2 de la mañana del domingo 24 de enero del 2021, siete jóvenes, entre 17 y 19 años, seguían de fiesta en la finca San Jacobo, en la vereda Cerro Rico del corregimiento Chambimbal, cerca de Buga, en el Valle del Cauca. A esa hora ingresaron al predio tres hombres armados y dispararon sobre los muchachos, causando la muerte de Juan Pablo Marín Pérez, Nicolás Suárez Valencia, Sara María Rodríguez García, Valentina Arias y Jacobo Pérez.

Casi año y medio después, este 21 de julio, la FIscalía dio a conocer que fueron judicializados quienes, aseguran, sería dos de estos hombres. Según el ente investigador Diego Fernando Rivas Zuleta, alias ‘Simón’ y Jhon Jaime Ramírez, alias ‘JJ’, del grupo armado organizado residual (Gaor) Adán Izquierdo, quienes ingresaron hasta el lugar donde estaba la piscina y el jacuzzi y, portando armas de fuego, pusieron en estado de indefensión a los jóvenes, entre los que habían dos menores de edad, para posteriormente disparar contra ellos en repetidas oportunidades, causando la muerte de cinco de los muchachos e hiriendo a otros dos.

Según las primeras versiones, los sicarios llegaron a la finca preguntando “¿Dónde está el hijo del dueño?”. Plinio Izquierdo, campesino de la zona y que vive cerca de la finca de la masacre, aseguró que el tiroteo duró varios minutos, pues alcanzó a escuchar varios tiros desde su casa, tanto que pensó que se trataba de una celebración con pólvora.

Jacobo, quien era el hijo de los dueños de la finca, estaba celebrando junto a sus amigos. Con solo 18 años fue una de las víctimas al recibir un disparo en la cabeza.

La Policía Nacional fue informada de los hechos alrededor de una hora después y un fiscal especializado coordinpo a un grupo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Buga y del grupo itinerante, que iniciaron el procesamiento de la escena.

Investigadores de la Sijín aseguraron que los culpables llegaron a la finca a pie y que entraron sin problemas hasta el jacuzzi de la propiedad, donde luego de preguntar por Jacobo dispararon a los jóvenes. En el interior de la finca se presentó un tiroteo, pues alguien al interior respondió a los tiros. “Después de que le dispararon a Jacobo, alguien disparó contra los matones, y ahí es donde se formó la balacera”, dijo una fuente anónima.

Aunque en un principio se manejó la hipótesis de un secuestro, esta opción se disió con el tiempo y al parecer se trató de un ataque frontal contra los dueños de la finca.

Los agentes de policía judicial recolectaron evidencia física y más de 100 elementos materiales probatorios que le permitieron a la Fiscalía adelantar la investigación.

En un audio, una de las víctimas, Nicolás Suárez, asegura que está en compañía del ingeniero Wilson Pérez, padre del menor, y otros amigos de este.

“Hermano, pues yo ando en la finca de Jacobo… Porque pues ando enrollado en la casa, así que le dije que si me le podía pegar. Así que acá estamos todos. Está el exnovio de Sara, Sara García, Juan Pablo Marín, Valentina, pues porque anda por acá en Buga y la traje. También están unos amigos del papá de Jacobo, y ya”.

Wilson Pérez es ingeniero civil, contratista de la Alcaldía de Buga Guacarí y de la Gobernación del Valle. A pesar del terrible desenlace no se sabe mucho más y no se han referido al asunto ocurrido en su finca.

Un investigador privado laseguró que se podría tratar de una venganza contra el ingeniero y querían ir por su hijo e insinuó que la zona rural de Buga se está convirtiendo territorio de narcotraficantes y estarían llegando disidentes de las Farc.

Aseguró que se podría tratar de una represalia en contra de los finqueros del sector, pues muchos se habrían negado a pagar extorsiones y los criminales habrían querido enviar un macabro mensaje.

También se reveló que los predios cercanos a esta zona rural son del clan Múnera o los Mellizos y habría una disputa por control de este territorio.

Efraín Rojas, personero de Buga, aseguró en su momento que en la región “pasaban cosas extrañas”. Por lo que solicitó a la Defensoría del Pueblo emitir una alerta temprana.

El Gobierno nacional, por medio del ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, anunció una recompensa de $250 millones para quien suministrara información que permitiera dar con el paradero y posterior captura de los responsables de la masacre.

Asimismo, Palacios anunció la llegada 100 uniformados de Policía para reforzar la seguridad de Buga y los municipios del Valle, así como 45 investigadores más de inteligencia de la Dijín y el Gaula para avanzar con celeridad en la investigación. Este nuevo personal se suma a los 50 investigadores que ya están en terreno.

“El compromiso del Estado es dar con estos delincuentes y los vamos a judicializar de manera ejemplar, porque el mensaje debe ser claro: quien atenta contra nuestra ciudadanía recibirá todo el peso de la justicia”, puntualizó en ese momento el ministro.

Este jueves 21 de julio, la Fiscalía anunció que imputó a Rivas y a Ramírez como posibles responsables de los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones agravado.

Por determinación de un juez los acusados, quienes no aceptaron cargos, continuarán privados de la libertad en los centros carcelarios donde actualmente están recluidos acusados del delito de porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

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