Después de 28 años, el exterminio de la Unión Patriótica tendrá audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El próximo lunes 8 de febrero se llevará a cabo el debate sobre si el Estado tiene o no responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica. A las 8:00 a.m. comenzará el encuentro entre víctimas de la Unión Patriótica, delegados del Estado colombiano y peritos. La sesión se hará de manera virtual y la CIDH estará desde San José, Costa Rica.

La audiencia empezará con la explicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acceder al caso. Esta medida fue aceptada en diciembre de 2017, pero negada por parte del Estado colombiano en mayo de 2018.

Luego de esa breve inducción se dará el espacio para que intervengan los voceros de la Unión Patriótica que estarán divididos en tres grupos de víctimas. Para este espacio los representantes contarán con un tiempo corto y limitado para resumir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su historia de resistencia ante la impunidad.

Lo que denuncia la Unión Patriótica es el magnicidio que, según ellos, cometió el gobierno de Belisario Betancur y, posteriormente, el de Virgilio Barco, luego de haber llegado a más de 6.000 asesinatos de sus miembros. Las víctimas sufieron masacres, asesinatos, desapariciones, exilios, atentados y amenazas, luego de haber conformado este partido gracias al Acuerdo de Paz de 1985 entre el Estado y las FARC.

La Corte Iberoamericana debe tomar una decisión frente a 6.002 militantes, 476 por casos de desaparición, 3.098 por homicidio y otros cuantos por diversas violaciones de los derechos humanos. Por parte del Estado tiene claro que, si se les da la razón a las víctimas, este debe garantizar una reparación digna, pero el Estado colombiano quiere convencer a la Corte de que el camino adecuado para este caso es la justicia transicional.

Contexto

Una semana después de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, se estableció un acuerdo en el que, la primera participación electoral por parte de miembros de la UP, fue en los comicios legislativos del 11 de marzo de 1986, cuando, por medio de listas propias y alianzas, obtuvieron escaños para cinco senadores y nueve representantes a la Cámara. Después consiguieron 18 plazas legislativas en asambleas departamentales y más de 300 curules en concejos municipales.

Desde un poco antes de la formalización del partido político, a los líderes de la UP ya los estaban empezando a asesinar. De acuerdo con registros realizados por parte del partido de izquierda, antes de su primera incursión electoral ya contabilizaban 247 víctimas entre militantes, activistas, dirigentes y candidatos.

Luego de las elecciones de marzo de 1986, en los primeros meses del gobierno de Virgilio Barco, fueron asesinados tres de los legisladores elegidos: los representantes a la Cámara Leonardo Posada Pedraza y Octavio Vargas Cuéllar y el senador Pedro Nel Jiménez Obando. Y un año después, fue asesinado su primer candidato presidencial: Jaime Pardo Leal.

Ante esta situación los líderes y miembros de la Unión Patriótica denunciaron los asesinatos y amenazas que recibían constantemente ante la justicia colombiana y esta les dio la espalda. La respuesta a esto fue peor, pues comenzó una época oscura para los participantes de este partido y empezaron a asesinarlos selectivamente y amenazar a la gran mayoría. Esto tuvo como consecuencia el desplazamiento forzoso y el exilio de muchos de ellos.

Luego de que el Estado dejara de lado este tema, se sumaron a las denuncias la Corporación Reiniciar, orientada por Jahel Quiroga, exconcejal de Barrancabermeja, Santander, quien se encargó de radicar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la responsabilidad del Estado. Esta denuncia fue radicada el 16 de diciembre de 1993, un mes después del crimen del dirigente comunista José Miller Chacón en Bogotá y casi en la misma semana en que fue asesinado el excongresista Henry Millán, en Florencia, Caquetá.

Frente a esta situación continua de asesinatos y desapariciones la Corte Iberoamericana le aconsejó a los miembros de la UP y a la Corporación Reiniciar que se fueran por el lado de una amnistía para que no tuvieran que depender de la justicia internacional.

Esta propuesta causó que, durante el gobierno de Andrés Pastrana, se firmara un acuerdo en 2000, el cual implementó un sistema de protección y mostró disposición para buscar soluciones. Con la llegada de Uribe a la presidencia en 2002, este acuerdo empezó a olvidarse y los diálogos entre la UP y el gobierno desapareció en 2006.

La Corporación Reiniciar ha mantenido por 28 años el caso y ha trabajado en contratar abogados, psicólogos y expertos en derechos humanos, y, además, se han dedicado a buscar en las regiones testimonios que ayude con su denuncia.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, optó por su propio litigio, y la misma decisión adoptó un grupo de familiares de víctimas en Antioquia, liderados por Consuelo Arbeláez, viuda del dirigente Gabriel Jaime Santamaría, asesinado en Medellín en 1989; y también Gloria Mancilla, viuda del líder Miguel Ángel Díaz, desaparecido en mayo de 1984.

Iván Cepeda, en 2011, se dirigió al país diciendo que: “Colombia no llegará a la paz y a la reconciliación sin que se esclarezca el capítulo de la UP”. Hay que recordar que su padre fue asesinado donde el Estado reconoció su responsabilidad en este caso.