“Son delitos atroces”: presidente de la JEP aseguró que el término ‘secuestro’ se quedó corto para lo que hicieron las Farc con las víctimas

El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, explicó por qué el tribunal de paz decidió cambiar la calificación del delito de ‘secuestro’ a ‘toma de rehenes’, como se presentó esta semana en la imputación de cargos contra ocho miembros del secretariado de la extinta guerrilla .

En diálogo con Noticias Caracol, el magistrado explicó que se tomó esa decisión porque encontraron que los hechos eran de una gravedad mayor de aquellos que fueron calificados dentro de la jurisdicción interna colombiana como ‘secuestro’.

“Estos hechos fueron calificados como crímenes de guerra, de toma de rehenes, y delitos de lesa humanidad, se trata de una calificación mucho más grave que simplemente la calificación de secuestro. Desde luego que va mucho más allá del secuestro”, explicó Cifuentes.

El presidente de la JEP además explicó que, la estrategia de financiación de las Farc, del control territorial y de buscar un canje de guerrilleros presos, violó abiertamente el Derecho Internacional Humanitario porque puso a la población civil como víctima.

En su entrevista con Noticias Caracol, el magistrado Cifuentes agregó que espera la respuesta de los exguerrilleros por los hechos imputados.

“Este es un acuerdo de paz pero para reconciliar al país y eso pasa con una justica que le dice no a la impunidad como lo hace la JEP. Buscamos la verdad”, insistió el presidente del alto tribunal.

Señaló en sus respuestas al noticiero, que los excombatientes ya entregaron las armas, ahora deben entregar la verdad y deben estar expuestos a las consecuencias que eso conlleve.

“Los crimines de guerra son atrocidades, esto trasciende el secuestro, es asqueante, son delitos atroces pero también debemos admitir que cuando estos perpetradores reconocen plenamente haber cometido esos crímenes y lo hacen frente a las víctimas, tenemos que saludar eso, es un acto positivo”, dijo Cifuentes.

Para el togado, Colombia debe aceptar la verdad y darle la oportunidad a los exguerrilleros ya desmovilizados, “que se desviaron de camino, que ahora buscan reconciliación y que buscan caminar de una manera recta”.

Según el presidente de la JEP, sí ellos reconocen los delitos de la imputación se convoca a una audiencia pública de reconocimiento frente a las víctimas y después se abre camino de las sanciones propias. Pero si los excombatientes no aportan con la verdad, podrán ser condenados hasta con 20 años de prisión.

Las sanciones propias pueden acarrear que los máximos responsables de los delitos sean condenados de 5 a 8 años, pero puede que sean penas no intramurales. También podrían recibir condenas reparatorias.

“La reparación se trata de trabajos, de obras, y son las propias víctimas que con los mismos perpetradores y la JEP establecen cuáles son esas medidas y acciones que pueden ser aceptadas como medidas de reparación. No son penas simbólicas, son sanciones reales”, explicó Eduardo Cifuentes.

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