Voces internacionales se unen para pedir a Colombia la prohibición del fracking

En los últimos días de 2020, se firmó el contrato entre Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por un valor cercano a los 76 millones de dólares para arrancar con un piloto de fracking en la cuenca media del río Magdalena, más precisamente en el municipio de Puerto Wilches, Santander.

Diferentes movimientos ambientales han denunciado que utilizar este método de fractura de la tierra para sacar crudo, cauda un daño irremediable al medio ambiente. Posición que recientemente compartió el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien decidió no conceder más permisos para fracking en tierras federales.

Este viernes 29 de enero, se realizó una audiencia pública convocada por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, precisamente para abordar la discusión de los proyectos de ley que buscan la prohibición del fracking en Colombia.

Allí participaron varios expertos internacionales de las Naciones Unidas, parlamentarios de diversos países y diversos expertos que solicitaron al Congreso de la República prohibir el fracking.

David Boyd, relator especial de Naciones Unidas sobre medio ambiente y derechos humanos, se refirió a la necesidad de hacer frente a la crisis climática garantizando un futuro bajo en carbono: “El mundo se enfrenta a una crisis climática grave que ya está causando graves impactos en los derechos humanos. Para hacer frente a la crisis climática, Colombia debe buscar urgentemente un futuro bajo en carbono, sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables”.

Y agregó: “A la luz de sus obligaciones, en virtud del derecho constitucional e internacional de los derechos humanos y del medio ambiente, sostengo respetuosamente que el Gobierno de Colombia debe aprobar una ley para prohibir el fracking”. Boyd además recordó que Costa Rica, Uruguay, Francia y otros países ya han promulgado leyes que prohíben esta técnica.

Vea aquí la intervención relator Especial de Naciones Unidas para el medio ambiente:

Por su parte, Renato Zerbini, presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, dijo: “El Comité DESC, que interpreta el derecho a la salud, artículo 12 del pacto, lo abarca como un derecho inclusivo que no solo abarca la atención, sino también los factores determinantes de la salud como el acceso al agua limpia potable, a condiciones sanitarias adecuadas, a alimentos saludables y es un hecho que con la técnica del fracking son frecuentes los accidentes, filtraciones, fugas y derrames, afectando la cantidad, calidad y acceso al agua”.

Y llamó la atención sobre la violación al derecho a la información, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado: “Me permito recordar lo que dijo el Comité DESC en 2017 durante los exámenes periódicos de Colombia en el párrafo 15 ‘el Comité aprecia que el Estado parte haya establecido y lleve a cabo consultas populares en las comunidades que puedan verse afectadas con proyectos de explotación de recursos naturales, sin embargo le preocupa que los resultados de estas consultas no sean tomados en cuenta por las autoridades competentes”.

Así mismo, la Baronesa Sheehan, parlamentaria británica, vocera de Desarrollo Internacional de los Demócratas Liberales de la Cámara de Lores del Reino Unido, expresó: “Ayer mismo vimos la publicación de la mayor encuesta climática realizada por la Agencia PNUD de la ONU, en la que casi dos tercios de más de 1.2 millones de personas señalan que el cambio climático es una emergencia global. Ellos, y la mitad de los encuestados, que eran jóvenes menores de 18 años, quieren que los líderes de hoy aborden la crisis y protejan su futuro. Colombia ha estado en el lado correcto de la historia del fracking hasta ahora, por favor voten para mantenerlo así”.

En la audiencia también participaron Gabriela Lena, diputada de Argentina, Evaristo Pérez, diputado Federal de la Cámara de Diputados de México, expertas de Alemania, Canadá, Brasil, Suiza, Ecuador y Costa Rica, así como organizaciones de la sociedad civil, académicos, concejales y diputados, quienes pidieron que se prohíba el fracking en Colombia.

El contrato, que le da vía libre al piloto de fracking en Santander, expone: “Es proceso experimental científico y técnico de carácter temporal, que se desarrolla en un polígono específico y que busca recopilar información social, ambiental, técnica, operacional y de dimensionamiento de los Yacimientos no Convencionales”.

Los movimientos ambientalistas seguirán en la tarea de buscar apoyos políticos para detener la implementación del fracking en territorio colombiano.

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