En medio de amenazas a sus habitantes, Policía de El Salado no tendría sede donde operar

Justo en el momento en el que la población de El Salado, corregimiento ubicado en el municipio del Carmen de Bolívar (Bolívar), necesita apoyo y refuerzo de la fuerza pública, son estos quienes necesitan ayuda. Este 28 de enero, se conoció que los miembros de la Policía Nacional que operan en el territorio están en riesgo de ser desalojados de su subestación porque acumulan tres años de arriendo sin pagar.

La denuncia fue hecha por Samuel Redondo Medina, un hombre oriundo de El Salado, propietario del inmueble. Él asegura que la deuda asciende a alrededor unos 25 millones de pesos y desde hace tiempo ha intentado llegar a un acuerdo de pago con el municipio, pero no ha obtenido respuesta.

“He ido a la Policía de El Carmen de Bolívar, pero de allá me mandan para la alcaldía. Siempre que trataba de comunicarme con ellos no atendían los teléfonos o me salían con otras cosas. Yo estoy necesitando ese dinero porque tengo una familia grande y no estoy trabajando ahora”, contó Medina a Radio Nacional.

La Policía hace uso de este inmueble desde 2012, pero en ese entonces los gobernantes de turno y organizaciones en pro de los derechos humanos acordaron con Medina usar el espacio de forma gratuita durante cinco años. Este arreglo fue posible ya que en ese entonces distintos sectores estaban colaborando para que la población se sintiera segura al volver al territorio después de haber vivido épocas de violencia extrema en la década del 2000.

Vilma Reyes, abogada de Medina, explica que el trato planteaba que la Policía se encargaría de pagar los servicios públicos y mejoras o reparaciones al inmueble, y que a partir de finales de 2017, la Alcaldía del Carmen de Bolívar asumiría el canon de arrendamiento. Así mismo, se pactó que los derechos sobre la casa siempre le pertenecerán a Medina.

Hasta la fecha las partes han cumplido con el acuerdo, excepto la administración local que no da cuenta del pago del arriendo. Medina asegura que Rafael Gallo, alcalde del Carmen de Bolívar durante 2017, le pagó los cánones entre septiembre y diciembre de ese año, pero desde entonces no recibe más dinero por el servicio que está prestando.

“Pasamos varios derechos de petición a la Gobernación de Bolívar, Ministerio de Defensa, Alcaldía de El Carmen de Bolívar y Policía Nacional, pero todas estas entidades se lavan las manos diciendo que no son competentes para realizar ningún tipo de pago ni efectuar contrato de arrendamiento”, dijo Medina a Caracol Radio.

Ante esta situación, el dueño de la casa instauró una tutela en contra del municipio para que se resuelva la situación lo antes posible. El hombre asegura que quiere llegar a un acuerdo con las autoridades, pero de no hacerlo se ve en la “penosa obligación” de desalojar a los uniformados, porque reitera que su situación económica actual no es la mejor.

Hasta el momento, ni las autoridades del Carmen de Bolívar ni las nacionales se han pronunciado respecto a esta situación.

Es importante destacar que, este posible desalojo de la Policía ocurre justo diez días después de que la Mesa de las Víctimas del Carmen de Bolívar denunciara que once habitantes de la comunidad fueron amenazados, presuntamente por el grupo narcoparamilitar Águilas Negras. Entre los amenazados figuran Yirley Velasco y Luis Torres, reconocidos líderes sociales de esta población.

“Sentencia de muerte a todos los líderes sociales, ladrones, drogadictos, expendedores de droga de esta comunidad, estamos presente en la comunidad y esta es la segunda advertencia para que abandonen el salado Bolívar o el plomo irá por ustedes”, se lee en el panfleto.

La Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo ya están al frente de esta situación y el 26 de enero anunciaron que adelantarán una mesa de seguimiento para esclarecer las amenazas y brindarle la protección debida a la población.

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