Contraloría imputa responsabilidad fiscal a exgerente y directivos de Bioenergy

La Contraloría General de la República emitió un comunicado señalando que, “la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, en cuantía de $31.261 millones de pesos contra ocho directivos en su momento de BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S., firma filial de Ecopetrol actualmente en trámite de liquidación, por la pérdida de recursos de BIOENERGY S.A”, se lee en el documento.

De acuerdo con la información de Caracol Radio, esta medida llega justo días después del anuncio de Ecopetrol por su interés en comprar ISA, “la Contraloría le recuerda “la metida de pata” con Bioenergy y le reafirma la importancia de no meterse en negocios que no maneja”.

Según se lee en el comunicado de la entidad de control, que esta imputación se da “con ocasión de la celebración del Contrato de suministro de caña de azúcar de noviembre de 2010, celebrado con la empresa RIOPAILA CASTILLA S.A., para el suministro de 300.000 toneladas de caña al año por el término de 22 años”.

De acuerdo con el informe, este contrato iniciaría tres meses después de la puesta en marcha de la planta industrial para la producción de etanol “El Alcaraván”, situada en Puerto López (Meta). Sin embargo, esto nunca se ejecutó y los retrasos en el inicio de operaciones afectaron el componente agrícola de este proyecto, porque no se pudo recibir la caña de azúcar contratada con Riopaila Castilla S.A.

Un problema de hace años

Cabe resaltar que, en junio de 2010 Bioenergy contrató la construcción de esta planta industrial con la empresa española ISOLUX INGENIERÍA S.A., “con un plazo de 22 meses, la cual empezaría a funcionar en abril o mayo de 2012”, manifestó la Contraloría.

Después de esto y al cabo de 4 años, la misma entidad terminó el contrato con la empresa europea y suscribió, el 18 de julio de 2014, otro contrato con el Consorcio Menegua, con un plazo de 14 meses que tampoco cumplió, tras celebrar 15 otrosíes.

La Contraloría General menciona en su comunicado que, finalmente la planta industrial inició sus operaciones el 14 de julio de 2017, “lo que afectó el componente agrícola, porque no se pudo recibir la caña de azúcar contratada con Riopaila Castilla S.A”.

Esto generó daño patrimonial al Estado por la pérdida de los recursos públicos que se le habían entregado a Bioenergy. Según comunicó Caracol Radio, las pérdidas en este caso superarían los 700 mil millones de pesos. Por esta razón, el ente de control imputó responsabilidades fiscales contra Aleck Santamaría De La Cruz, gerente de Bioenergy y a varias personas de la junta directiva.

No hubo cláusulas efectivas de fuerza mayor

La Contraloría General de la República imputó CULPA GRAVE a los funcionarios de Bioenergy, “por la pérdida de los recursos públicos al no hacer efectivas las cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito, así como la de revisión por circunstancias imprevistas, pactadas en el Contrato”, se lee en el comunicado.

La entidad mencionó que estas acciones se debieron tomar ante la demora en la entrada en funcionamiento de la planta industrial para el procesamiento de la caña.

“Adicionalmente, los directivos suscribieron otrosíes que aumentaron el suministro de la caña de 300.000 a 500.000 toneladas, beneficiando en todo momento al proveedor, por un producto que no entregó o no se utilizó para el fin contratado, conociendo de antemano, la demora en la entrada en operación de la planta ‘El Alcaraván’”, aclara la Contraloría.