Según Transparencia Internacional, Colombia mantiene percepción negativa de corrupción por nueve años consecutivos

Los niveles de corrupción en el país lo ubican en el puesto 92 de 180 en el mundo. La ONG demanda cambios de fondo para superar esta crisis.

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Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González
Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González

Con 39 puntos del mínimo de 50, la evaluación de Transparencia Internacional señala que los niveles de corrupción en el país son muy serios, especialmente en el sector público. Lo que es un agravante, dado que desde 2012 el país no ha hecho cambios significativos en este aspecto.

El sistema consta de la siguiente escala: 100 implica ausencia de corrupción mientras 0 subraya una corrupción muy elevada; de acuerdo con esta escala, Colombia hace parte de un grupo de países con elevados niveles de corrupción.

De acuerdo con Transparencia Internacional, el país no “levanta cabeza” para superar esta situación de estancamiento: entre 180 países evaluados, Colombia se ubica en el puesto 92, con un puntaje entre 36 y 39 desde 2012.

En la región, Colombia se ubica por debajo de Uruguay (71 puntos), Chile (67), Argentina (45) y Ecuador (38). Con menores puntos, se encuentran Perú (36), Brasil (35), Paraguay (28) y Venezuela (16), último lugar en la medición regional establecida por Transparencia Internacional.

Transparencia por Colombia
Transparencia por Colombia

Una evaluación multidimensional para un problema estructural

La organización señala que son ocho fuentes las que sirven para establecer la medición de percepción de corrupción en el sector público, elaborados por analistas, académicos e inversionistas internacionales y nacionales.

Los criterios son los siguientes: la existencia de sobornos en trámites de negocios, la desviación de recursos públicos en el ejecutivo, la sanción efectiva a casos de corrupción, la corrupción política, el abuso del poder en sector judicial, policía y militares, que permiten la evaluación en la que el país obtiene puntos muy bajos desde hace nueve años.

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Alerta por incremento de corrupción en tiempos de pandemia

Para Transparencia Internacional, la pandemia facilitó que la corrupción impregnara los sistemas de salud de formas nunca antes vistas: “durante la crisis de la covid‐19 las noticias de casos de corrupción han dado la vuelta al planeta. Desde el soborno hasta la malversación de fondos, pasando por la inflación de precios y el favoritismo, la corrupción en la sanidad adopta formas muy variadas”.

Resalta que el país hizo evidente que los graves riesgos de corrupción que rodean la atención a la población durante la crisis son una muestra de problemas estructurales en materia de contratación pública.

Además hizo evidente que se construyó un escenario de alta concentración del poder en el Ejecutivo, que pueden incidir en la percepción de corrupción que fue abordada por Transparencia Internacional.

Para la filial de dicha organización, Transparencia por Colombia las alertas surgieron desde marzo de 2020: “Desde el inicio de la emergencia sanitaria planteamos que la transparencia contribuye a salvar vidas. La fase actual de adquisición de vacunas y puesta en marcha de un plan de vacunación no es la excepción y debe estar marcada por la integridad, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la equidad”.

Para atacar la corrupción: Transparencia Internacional recomienda fortalecer los órganos de control con suficientes recursos e independencia; asegurar una contratación pública abierta y transparente, libre de conflictos de interés y bajo precios justos; defender la democracia y facilitar el control ciudadano; y garantizar el acceso a información pública.

Las recomendaciones de Transparencia Internacional demandan que el país tiene que abordar con firmeza reformas de fondo como país: una de corte político que fortalezca la transparencia en la financiación de partidos y campañas políticas; mayor eficacia y transparencia en el poder judicial; fortalecimiento de canales internos denuncia y protección a denunciantes; y la garantía de la protección a la vida, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y el acceso a la justicia.

Un panorama que, de acuerdo con la organización, permanece con saldo en rojo desde 2012.

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