Paloma Valencia pide la renuncia de los congresistas imputados por secuestro

La imputación contra ocho miembros del Secretariado de las Farc, por el caso 01 de secuestro que se adelanta en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), generó revuelo en los sectores políticos del país.

En el documento de la JEP, se hacen señalamientos importantes, como que las Farc ejecutaron privaciones de la libertad a gran escala y que, entre 1982 y 2012, tuvieron como política secuestrar a civiles para financiar sus operaciones, a través del pago para obtener la libertad.

Esta primera decisión de la JEP hizo que los defensores y los detractores de este organismo, creado en el marco del Acuerdo Final de Paz, dividieran opiniones.

La senadora Paloma Valencia, en diálogo con Semana, manifestó que esta decisión es preliminar, pues lo que se dio es una imputación y, por ende, aún no se ha resuelto nada, pero recalcó que, los ahora congresistas señalados deben renunciar a sus curules.

“Que dejen las curules inmediatamente, que nombren a otra gente de las ex-FARC que no sean responsables de delitos de lesa humanidad. Yo creo que hay un límite moral para una sociedad”, señaló Valencia durante la entrevista.

La funcionaria recalcó que el anuncio por parte de ese tribunal fue un poco demorado, señalando que “dos años para imputar un delito cuyas investigaciones ya había hecho la Fiscalía me parece largo y noto algunos aspectos que me preocupan”.

La congresista insistió en que, no concibe que la JEP durante cuatro años no hubiera podido hablar con algunos excombatientes de las Farc sobre el delito de secuestro. Para Valencia, los procesos en la JEP deberían ir más rápido, antes de que no puedan ubicar a los excombatientes para que entreguen sus testimonios.

“Uno pensaría que las Farc ya hicieron millones de reconocimientos en términos de que muchos guerrilleros fueron y contaron qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron, dónde torturaron, dónde enterraron, dónde desaparecieron los cuerpos. Pero aquí apenas están dando la orden de empezar a hacer el plan de acción”, explicó.

Respecto al número de juzgados, la senadora puso en tela de juicio que solo sean ocho, y cuestionó sobre quienes fueron los responsables de haber torturado a los secuestrados y de qué forma murieron.

Por otro lado, la senadora manifestó que le parecía alentador que les dieran a los excombatientes 30 días para que cuenten su verdad sobre los secuestros que se presentaron al interior de sus filas. Sin embargo, estos solo tendrán la obligación de contar lo que hicieron respecto a esa situación que está en investigación, mientras que lo que no se investigó, los guerrilleros no tendrán que confesarlo.

“Lo que dijo hábilmente esta negociación fue: bueno, ustedes confiesen, cuenten el crimen, nosotros los imputamos, los juzgamos, no les ponemos una sanción; porque la sanción va a ser: vayan y pidan perdón en un evento público y tómese una foto con las víctimas y cualquier cosa de ese estilo, no penas privativas de la libertad que quedaron explícitamente excluidas de las posibilidades sancionatorias. Y entonces ya, quedan juzgados y condenados”, explicó la funcionaria.

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