El Consejo Superior de la Judicatura nombró nueva presidenta y vicepresidenta

Siguen los nombramientos en los principales entes de control del país. El turno, este miércoles 27 de enero, fue para el Consejo Superior de la Judicatura que, en sesión ordinaria, eligió como presidenta de la corporación a la magistrada Gloria Stella López Jaramillo y como vicepresidenta a la magistrada Martha Lucía Olano de Noguera. Las funcionarias estarán en el cargo durante el periodo 2021 - 2022.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, la magistrada López Jaramillo es abogada, especialista en Derecho Administrativo, con formación en Justicia y Género, y Contratación Estatal en tiempos de Crisis; esta última de la Universidad de Salamanca. Cuenta, además, “con amplia experiencia en la administración pública en los campos administrativo, financiero, de planeación y contratación estatal”.

La nueva presidenta cuenta con una trayectoria de por lo menos 30 años en el sector público, especialmente en la rama judicial. Gracias a esta, cuenta con amplios conocimientos en temas de dirección de proyectos y planes sectoriales de desarrollo, así como en la elaboración y liderazgo de planes de inversión, estructuras orgánicas de la administración de justicia, modelos de gestión judicial, y convocatorias públicas en el mismo sector.

De igual manera, su perfil le permite trabajar con sistemas de evaluación de servicios, estructuras y plantas de cargos de las diferentes especialidades, de acuerdo con la dinámica propia de cada región, para la definición del mapa judicial en las diferentes jurisdicciones.

Adicionalmente, el Consejo Superior de la Judicatura destacó que fue la gestora de la implementación la herramienta virtual para la inclusión de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, así como del expediente electrónico en la especialidad civil restitución de tierras.

En la Vicepresidencia la acompañará la magistrada Martha Lucía Olano de Noguera, abogada de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Comercial y Financiero. Dichos saberes la han llevado a cultivar una “amplia experiencia en la administración pública en los campos jurídico y administrativo”.

Esta, señala el boletín oficial, la ha ido adquiriendo con su labor en diferentes entidades del sector público, principalmente de la rama judicial, donde ha ocupado cargos de dirección, coordinación y asesoría, que “le han permitido conocer y participar en el desarrollo de las políticas, planes y programas con el propósito de obtener la excelencia para la administración de la justicia”.

Algunos de los cargos que ha desempeñado son los de presidenta del Consejo Superior de la Judicatura (periodo 2017-2018); magistrada auxiliar de la Sala Administrativa y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y fiscal delegada ante tribunal por al menos 10 años. Así mismo, ha sido docente de la Universidad Sergio Arboleda e Investigadora acreditada.

Uno de los primeros retos de López y Olano tendrá que ver con la presencialidad del servicio de justicia de los despachos judiciales y dependencias administrativas en el territorio nacional, que tuvo que ser suspendida el pasado 12 de enero y hasta el próximo 31 del mismo mes, a causa del nuevo pico de la pandemia del covid-19.

Cabe recordar que, desde que se decretó la reactivación en septiembre pasado, los despachos colombianos estaban funcionando con un aforo máximo del 60 por ciento, como medida de bioseguridad. Todavía no se sabe si este regresará, aumentará o disminuirá, una vez llegue febrero.

En el mismo día de su elección, se supo que el Consejo Superior de la Judicatura prorrogó la suspensión de términos judiciales en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hasta el próximo viernes 5 de febrero. Esto a petición del presidente de dicha dependencia, Julio Andrés Sampedro Arrubla, quien explicó que todavía no se ha realizado el reparto de expedientes entre los magistrados recién posesionados.

La corporación informó que “es necesario prorrogar la suspensión de términos establecida en acuerdo, teniendo en cuenta que, hasta la fecha, aún no concluye la verificación en el sistema de procesos de todos los despachos de la anterior Sala Jurisdiccional Disciplinaria, y que una vez culminado este proceso, es necesario realizar en su integridad el reparto de los procesos y hacer la organización de este reparto a los despachos de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

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