Así respondieron seis exmiembros de las Farc a la imputación de la JEP

Este jueves 28 de enero, seis de los ocho excomandantes de la guerrilla de las Farc imputados informaron que se encuentran estudiando el auto emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su contra.

Los exmiembros del secretariado de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo Torre, Pastor Lisandro Alape, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar indicaron que se pronunciarán cuando este estudio que desarrollan con su defensa jurídica haya concluido dentro del tiempo establecido jurídicamente.

A su vez, mencionaron que, el martes recibieron el auto 0019 de 2021 emitido por la JEP que pertenece al macrocaso 01, “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, que fue explicado este jueves por el Tribunal en audiencia pública.

“Durante las comparecencias, tanto individuales como colectivas, relacionadas con el caso en mención, tuvimos la oportunidad de aportar verdad, contribuir a esclarecer hechos de secuestro y satisfacer demandas de las víctimas”, aseguraron los exmiembros del secretariado en un comunicado.

A su vez, señalaron que esa conducta que han manifestado no cambiará ya que su compromiso con la consolidación de paz en el país y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es “indeclinable”.

Por tal razón, agradecieron a la comunidad internacional y a la sociedad del país por el acompañamiento al proceso de implementación de los acuerdos y reconocieron el avance del Tribunal de Paz.

“Que demuestra solidez de los instrumentos creados por el Acuerdo Final de Paz y pedimos que se respeten las rutas establecidas en estos procedimientos”, concluyó el comunicado de los miembros del ahora partido político Comunes.

Por su parte, el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, indicó que la justicia transicional se encuentra como columna de los Acuerdos Paz, por tal razón, “con este importante paso, la Jurisdicción Especial, como parte integrante del Sistema Integral, avanza hacia garantizar los derechos y la reparación de las víctimas y asegurar la no repetición”.

Por su parte, la política Clara Rojas, quien estuvo secuestrada durante seis años por la guerrilla, reconoció, en una entrevista para Semana, que esto es un hecho importante, en la medida que se evidencia un avance en el proceso que viene adelantando el Tribunal.

“Gracias a la participación activa de cientos y quizás miles de víctimas en el proceso es que le toca a los magistrados de la JEP tomar una decisión de este estilo”, indicó Rojas en la entrevista.

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A su vez, el excanciller Fernando Araujo indicó, en una entrevista para W Radio, que “no estamos buscando ninguna reparación económica pero sí una reparación moral en el sentido que se conozca claramente cuáles fueron las condiciones del secuestro y cuál fue toda la verdad sobre ese proceso”, indicó el funcionario, que estuvo seis años secuestrado por la antigua guerrilla.

Otra de las víctimas de las Farc que se pronunció frente a esta decisión fue el general Luis Mendieta, quien aseguró en conversaciones para Noticias Caracol que esto es el comienzo del proceso debido a que estos ocho exjefes eran “los determinadores, quienes daban las órdenes y las instrucciones a los diferentes frentes”.

Sin embargo, reconoció que otros miembros responsables “están hoy en día en las disidencias y son cabecillas de estas agrupaciones residuales, quienes nos tuvieron en esas jaulas de concentración, por ejemplo Gentil Duarte, alias 45, Gerónimo y otros más”, detalló Mendieta.

Este jueves 28 de enero, se conoció el auto emitido por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, que vincula oficialmente a los exmiembros del secretariado de las Farc en el caso 01. Vendrán más implicados, anunció el tribunal.

Después de críticas por más de tres años, la Jurisdicción emite el primer auto que vincula directamente a los implicados también en delitos de lesa humanidad como torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamientos forzados y privaciones graves de la libertad (cada uno con casos diferentes, por ahora solo se enfocarán en este último).

La Sala encontró que las disposiciones relacionadas con las políticas a las que denominaban “retenciones” y que se vincularon con diferentes privaciones a la libertad, se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o condiciones de vulnerabilidad especial.

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