La JEP y otras instancias del acuerdo de paz expusieron sus preocupaciones y avances ante la Unión Europea

Los presidentes de la JEP, Eduardo Cifuentes, de la Comisión de la Verdad Francisco de Roux y Luz Marina Monzón de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos se reunieron de manera virtual con la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Donde presentaron los avances en la implementación del acuerdo de paz, sus proyecciones para el 2021 y aprovecharon para exponer las preocupaciones que deja el contexto.

La reunión también contó con la presencia del consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, y el abogado del Colectivo José Alvear Restrepo, Sebastián Escobar.

En los últimos días, la Jurisdicción Especial para la Paz ha dado a conocer diferentes problemáticas que se han presentado en el proceso en el marco de seguridad de excombatientes, población civil y líderes y lideresas.

Incluso, el día de ayer en un comunicado la JEP señaló que el inicio de 2021 ha sido el más violento desde la firma de los acuerdos de paz, esto en materia de número de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales.

La intervención comenzó con la cifra de líderes y lideresas muertos desde la firma del acuerdo hasta el día de hoy, que según organizaciones de derechos humanos equivalen a más de 550 personas asesinadas y más del 90% de los casos siguen impunes.

La Unidad de Víctimas en cabeza Luz María Monzón, señaló que el mecanismo ha tenido avances, sin embargo, necesita el apoyo al igual que los otros mecanismos creados para la consolidación de paz de las instituciones del estado para el cumplimiento de los acuerdos.

En cuanto a la JEP, expuso el funcionamiento del mecanismo, penas y procesos. En los tres años de funcionamiento, se abrieron 7 macro casos, donde en cada caso hay un promedio de mil a dos mil víctimas acreditadas. Donde de forma novedosa para el sistema de Justicia Transicional en el mundo los victimarios tuvieron que reconocer su responsabilidad a las víctimas y pedir perdón por los actos ejercidos.

Francisco de Roux habló de la comisión de la verdad, que ha escuchado a más de 18.500 víctimas de diferentes sectores sociales, etnias y poblaciones, el fin último, es entregar mediante diferentes relatos un informe que consolide la verdad desde las diferentes perspectivas que han podido recoger en el proceso. En su exposición, además, agregó que el costo del proceso ha sido muy alto debido a la muerte de líderes sociales, excombatientes y la pérdida de confianza que se ha creado alrededor del proceso de paz.

Sebastián Escobar, por su parte, comentó que ha sido muy difícil para la sociedad civil la falta de interés por parte del estado en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas y búsqueda de recursos para que se lleve a cabo el proceso de paz. Por otro lado, resaltó el trabajo de los organismos pese algunas dificultades como la que ha tenido que pasar la JEP frente a acusaciones por parte del gobierno y las instituciones injustificadas en contra del trabajo que lleva el mecanismo.

También mencionó que las garantías de no repetición, se han visto afectadas por la falta de garantías a la protesta social, ya que han ocurrido muchos inconvenientes por los ataques de uniformados a la sociedad civil, la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos, pues han asesinado a más de 1000 líderes según cifras de la sociedad civil y muertes de excombatientes.

Por último, pidió que la Unión Europea exija al gobierno y a la fiscalía ayudar en la implementación del acuerdo de paz y a realizar una misión en el marco del quinto aniversario del acuerdo, para hacer seguimiento a los procesos relacionados con el acuerdo y los derechos humanos que se han visto afectados.

Por otra parte, Emilio Archila aseguró que se han atendido las directrices del Gobierno en el cumplimiento del acuerdo y que la relación con los mecanismos es de profundo respeto y colaboración.

En cuanto a los representantes y parlamentarios de la Unión Europea compartieron la preocupación frente a la violación de derechos humanos por muerte de lideres y lideresas y excombatientes, por otro lado, aseguraron que seguirán apoyando el proceso tanto en temas de seguimiento como con aportes económicos, además, reconocieron los esfuerzos por hacer un implementación integral y resaltar que pese a todo han habido avances significativos.

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