Luego de tres años de fundación, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) sigue con los resultados sobre el esclarecimiento de los crímenes cometidos por las extintas FARC. En la mañana de este miércoles, de acuerdo con lo que dieron a conocer W Radio y Semana, el mecanismo de justicia transicional citará al secretariado de las filas de las FARC para que declaren por los secuestros cometidos durante el conflicto armado.
La JEP emitirá una decisión judicial en la que analizará los hechos y conductas realizadas por los exguerilleros cuando delinquían en las selvas colombianas. El auto emitido por esa corte, se entiende como una imputación ‘auto de determinación de hechos y conductas’ con el cual se pretende identificar los presuntos responsables de los delitos cometidos relacionados al secuestro, así como del modus operandi utilizado en dichas actuaciones.
De acuerdo con W Radio, Patricia Linares, quien fungió hasta hace unos meses como la presidenta de la JEP, aseguró que durante el 2020 se realizaría la imputación por secuestro al secretariado de las FARC. Sin embargo, por motivos relacionados a la emergencia sanitaria del covid-19, esta citación se tuvo que aplazar.
Se espera que en la mañana de este jueves, 27 de enero, el alto tribunal de paz ejecuté su anuncio y llame a los secretarios de la extinta guerrilla. Una vez se realice dicha citación, la JEP determinará o no, las penas o condenas a las que se tendrán que someter los miembros del secretariado de las FARC.
Es importante recordar que si los miembros del exgrupo guerrillero no reconocen su responsabilidad en los hechos imputados, pero hay material probatorio que demuestra lo contrario, podrían enfrentarse a condenas tras las rejas.
Pese a que los exFARC se pronuncien mañana, o pronto, sobre los hechos imputados, no hay información verídica de que deban reconocer o no su responsabilidad en los hechos. Tras la notificación del tribunal de paz, los miembros del secretariado tendrán 30 días hábiles para dar una respuesta frente a los delitos mencionados.
De igual manera, la justicia transicional, que es el conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos, establece tres tipos de sanciones: las propias, las alternativas y las ordinarias.
La Unidad de Investigación y Acusación será la encargada de investigar las conductas de los miembros del secretariado sino aceptan los cargos. Expertos en conflicto armado aseguran que, dependiendo del material probatorio, si se demuestran el secuestro cometido por ellos, los miembros de la extinta guerrilla podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel.
Por otro lado, en 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó el segundo edicto emplazatorio para invitar a las víctimas de secuestro por parte de las Farc-EP a solicitar su acreditación en el Caso No. 01. Con la acreditación adquirirán la calidad de intervinientes especiales en el proceso y su derecho a participar en todas sus instancias.
La responsabilidad sobre estos hechos se da durante el marco del proceso 01 que tiene relación con los secuestros que ejecutó las FARC en el marco del conflicto armado interno que azotó al país por más de cinco décadas. Algunos de los miembros de dicho secretariado serán Luis Eduardo Rayo, quien se desempeñó como coordinador del Comando Conjunto Central, así como otros miembros de mando, tales como Enoc Capera Trujillo, Víctor Hugo Silva Soto, Gustavo Bocanegra Ortegón y Jhon Jairo Oliveros Grisales.
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