Contraloría revoca sanción a Edwin Besaile por el cartel de la hemofilia

La Contraloría General de la Nación revocó la sanción de responsabilidad que le había impuesto al exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad por el Cartel de la Hemofilia. El ente de control aseguró que no aprobó ni aceptó el pago de suministros para atender la enfermedad. Sin embargo el Ministerio Público determinó que los ex secretarios de Salud Departamental, Alfredo Arauchán Narváez y José Jaime Pareja, junto al auditor médico Juan David Chejne Náder, cometieron daño económico.

El el fallo se lee que Besaile no participó en ningún trámite previsto para realizar el pago del servicio médico que presenta irregularidades. Quien sí autorizó la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal fue Pareja, a quien le mantuvieron la sanción.

“Un aspecto importante de tener en cuenta es que Besaile Fayad no participó en ninguno de los trámites previstos para la realización del pago del servicio médico indebidamente realizado, quien revisó y autorizó el mismo fue el Secretario de Salud a través de la expedición del acto administrativo requerido para el efecto, y en este acto importante y decisivo en la generación del daño la ordenación del gasto no era compartida, sino exclusiva del Secretario”, señala el fallo en segunda instancia.

A Besaile, hermano de Musa Besaile, condenado por pagar 2.000 millones de pesos al exfiscal Gustavo Moreno para detener una orden de captura en su contra, fue vinculado a la investigación por un pago de más de 1.525 millones de pesos a la IPS San José de la Sabana para suministrarle medicamentos a 14 pacientes hemofílicos que no existían. Sin embargo, Edwin Besaile todavía tiene 11 procesos más con la Contraloría por pagos irregulares en Córdoba.

Estos hechos se dieron en la administración del exgobernador Alejandro Lyons Muskus, que reconoció su participación en las irregularidades de este desfalco a los recursos públicos. El saldo del caso, según un informe de la Contraloría General de la Nación, señaló que hubo pérdidas que rodean la cifra de los $50 mil millones, cifra que llegó a ese monto como consecuencia de los pacientes falsos y los medicamentos que nunca se entregaron.

Después de una auditoria que realizó la Contraloría a la Gobernación de Córdoba en 2016, se el 26 de octubre de 2017 abrió un proceso de responsabilidad fiscal, luego el 16 de mayo de 2018 se declaró que el proceso era de impacto nacional. Un año después, en junio de 2019, el Ministerio Público pidió pruebas de las diligencias que se dieron en versión libre y, finalmente, el 16 de julio de 2020 se profirió un fallo por responsabilidad fiscal contra Besaile, Arauchán, Pareja y Chejne que después se resuelven en los recursos de apelación presentados, entre ellos, el de Besaile que desestimó la decisión en primera instancia.

Por esto, la Procuraudría inhabilitó por 12 años a Edwin Besaile, lo destituyó por de su cargo como gobernador de Córdoba y el presidente de la República asignó a Sandra Patricia Devia Ruiz como encargada, cargo donde duró dos años.

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