Se destapan más negocios ilícitos dentro de la Procuraduría

El pasado viernes 22 de enero de 2021, la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo conjunto con la Dijín, anunció que habían capturado a Jesús Alejandro Garzón, un funcionario que se desempeñaba como sustanciador en el despacho del exprocurador general, Fernando Carrillo, tras ser acusado de exigirle $300 millones a Richard Aguilar, senador de Cambio Radical, para resolver un proceso disciplinario a su favor. Este hecho, de acuerdo con la Fiscalía, es solo la punta del iceberg de un entramado de corrupción y negocios ilegales dentro de la Procuraduría.

De acuerdo con Eduard Alirio Calderón Muñoz, director de la unidad contra la corrupción, los hechos se habían dado en diciembre de 2019 y hasta ahora, en enero de 2021, Garzón enfrentará un proceso legal acusado del delito de concusión.

La Fiscalía General de la Nación, en medio de la investigación que adelanta en el caso, reveló un video que demostraría que el caso de Garzón es tan solo una pequeña parte de todas acciones ilegales que se ejecutaron en el despacho de Carrillo.

En medio de la imputación de cargos sobre Jesús Alejandro Garzón, salió a flote, entre otras cosas, una denuncia presentada el pasado 2 de marzo de 2020 hecha por la funcionaria de la Procuraduría, Nalsy Hoyos, en la que alegaba que, en el piso 23 del edificio del ministerio público, se hacían reuniones, que ella calificó como ‘extrañas’, con diferentes funcionarios.

El hecho que más ha llamado la atención de las autoridades es el fragmento de un video en el que se ve a Jesús Alejandro Garzón reuniéndose con otros funcionarios en una de las oficinas del despacho y, luego de varios minutos, son descubiertos por la mujer denunciante que aseguró haberlos visto contando dinero en efectivo. Los otros funcionarios fueron identificados como John Valdez y Cesar Díaz.

Tras su captura, Garzón se declaró inocente, sin embargo, con la divulgación del video, y el regreso de viejas denuncias, la investigación se extiende e, incluso, llega a denuncias más allá de corrupción económica.

Según la lectura del fiscal, se encontró irregularidades en documentos como, por ejemplo, la manipulación de los documentos que contenían información en el caso de Didier Lobo, sancionado por irregularidades en la contratación de la alimentación de niños y madres gestantes en el 2018, en donde habían sobrecostos de más de $3.000 millones en los paquetes de recuperación de niños y madres en estado de desnutrición.

Así mismo, se vieron movidas sospechosas como el cambio de documentos firmados por el entonces procurador, Fernando Carrillo, de una carpeta a otra, sin explicación alguna. Uno de los documentos, por ejemplo, tenía una segunda perforación que, según ella, se podría concluir que sería señal de que le sacaron una fotocopia al documento. Uno de los que más le llamó la atención en sus descubrimientos, dice Hoyos, fue que entre los documentos que presentaban anomalías estaba el respectivo al expediente del caso de Jesús Santrich.

“Se desaparecieron los alegatos de conclusión que daba la angustia por la búsqueda de estos oficios aparecieron en una pila de documentos, donde no debían estar. Segundo, que en el pasillo del piso 23 se evidenció una anomalía cometida por algunos funcionarios que se estarían entregando información aparentemente reservada que no tenía que ver con ellos”, manifestó el fiscal.

Según el Fiscal, encargado de recordar las denuncias hechas con anterioridad sobre irregularidades en la Procuraduría, el funcionario Kevin Andrés Amado, sustanciador 11, destruyó documentación completa, con ayuda de una maquina picadora y sin autorización, que, según la denunciante, debería estar dentro de los archivos del ente de control, “esto tiene que ver con las mismas oficinas que trabaja junto a Garzón”.