Por hostigar a congresistas y figuras de oposición, Procuraduría abrió investigación a funcionarios de Presidencia y miembros del CD

Una estrategia en Twitter que consistió en hostigar a los senadores Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino, así como promover almohadillas como #NoVeoNoticiasUno, #LosTestaferrosDeSantos, #LaWPolariza, #JulitoNosQuiereCallar, #CamilitaEstásPillada (por la periodista Camila Zuluaga), #JuvinaoMePoneEnPeligro (por la influenciadora Catherine Juvinao), fueron las causas para que la Procuraduría iniciara investigación disciplinaria contra funcionarios de la Presidencia de la República y miembros de las UTL, así como sus jefes, congresistas del partido de gobierno Centro Democrático.

Al parecer el modus operandi consistió en la creación de un grupo en la popular aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, denominado ‘Influenciadores’, desde el que los presuntos acusados coordinaron estos ataques digitales.

Según trascendió, el grupo fue creado en Febrero de 2020 y quienes hicieron parte de éste son reconocidos en el ambiente de Twitter como “La bodeguita Uribista”.

Por lo anterior, la Procuraduría afirmó que este tipo de ataques fueron dirigidos con la intención de violentar la libertad de prensa así como los derechos de la oposición, y reconoció como víctimas a Bolívar y Sanguino “por las posibles faltas violatorias del derecho internacional de los derechos humanos en relación con los derechos políticos de la oposición”.

Lea más: Figuras de la política tomaron posición ante revocatoria de la Alcaldesa de Bogotá

Como parte de la investigación, el ente exigió los certificados laborales de los investigados y pidió a Sanguino y Bolívar ampliar sus quejas ante las autoridades.

La lista de investigados la encabeza Claudia María Bustamante, cónsul general en Orlando (EE. UU.) junto al consejero presidencial para la Transformación Digital Víctor Muñoz; también serán investigados Juan Pablo Bieri, Stephanie Carrillo y Hernán Darío Cadavid, exintegrantes de la utl del exsenador Uribe.

Viralidad y partidismo

Fue el portal La Liga Contra el Silencio que reveló la operación de coordinación del grupo de WhatsApp con ‘pantallazos’ que demostraban planeación y ejecución de estrategias destinadas al ataque y desprestigio de opositores.

Según recoge El Espectador, José Luis Peñarredonda, investigador y ciberactivista: “Un funcionario del Gobierno es funcionario de todos los colombianos y el hecho de que no solamente está haciendo cosas que desnivelan, que manipulan a las audiencias de cierta manera, sino que también estén haciendo ataques directos y tan frontales a personas específicas de la oposición, me parece éticamente muy reprochable”.

Pero la denuncia del portal no se quedó en las capturas de pantalla, también vinculó posicionamiento de tendencias en Twitter y reuniones en prestigiosos hoteles capitalinos entre funcionarios y activistaa digitales.

Precisamente, en una de estas apariciones quedó en evidencia la participación de Víctor Muñoz, funcionario, quien debió renunciar luego de aparecer en una foto grupal con populares “arrobas” del movimiento.

La reunión a la que aludió la investigación tenía como objetivo clave el “sistematizar el manejo de temas importantes para el uribismo en redes sociales”. Muñoz renunció, pero en enero de 2020 regresó a la Consejería, donde aún continúa.

Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, declaró a El Espectador que la participación de funcionarios en este tipo de acciones es un precedente grave para la democracia que éstos mismos deben defender: “Que estén miembros del propio Gobierno para mí es el gran problema de ese chat. Lo que se muestra es que hubo un apoyo a una orquestación y eso es gravísimo en términos democráticos”.

Mientras la investigación disciplinaria toma forma, cabe señalar que Twitter en Colombia es un campo de batalla entre opositores y partidarios del gobierno, con una fuerza suficiente para cambiar las tendencias del país a lo largo de 24 horas.