Fiscalía y Defensoría del Pueblo adelantarán mesa de seguimiento para esclarecer amenazas a defensores de DD. HH en El Salado

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, definió, entre los objetivos estratégicos de la institución, uno de los ejes temáticos clave para la investigación y judicialización de los responsables de amenazas y afectaciones a defensores de los derechos humanos. Por ello, se reunió con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, para trazar las líneas de trabajo conjunto con el fin de desarrollar planes que atiendan la situación de peligro y las amenazas contra líderes sociales en El Salado y el proyecto de coordinación de cifras de esta problemática.

Barbosa indicó que, es necesario hacer un acompañamiento por parte de múltiples entidades, las cuales, en el marco de sus competencias, deben esclarecer y responder a las amenazas en los territorios. “Desde la Fiscalía General, hemos venido avanzando en investigaciones y ya tenemos judicializados a dos de los presuntos responsables de las amenazas a la lideresa Yirley Velasco Garrido y su familia, con relación a los hechos ocurridos entre 2018 y 2020″, sostuvo el fiscal General.

Respecto a las nuevas amenazas contra la lideresa y la comunidad en general del corregimiento de El Salado, en el municipio del Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, el fiscal Barbosa aseguró que se priorizaron las acciones investigativas para esclarecer los hechos y destacó, además, la creación de un grupo de trabajo para articular esfuerzos entre dependencias, impulsar los procesos por este tipo de problemáticas y contextualizar la información recolectada.

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Asimismo, el fiscal Barbosa reveló que, a través de la Dirección de Derechos Humanos, se realizó la búsqueda selectiva en la base de datos para identificar el número de celular desde el cual fueron enviados los mensajes amenazantes e intimidatorios contra la familia de la lideresa. Así, se logró esclarecer que línea era usada en el mismo corregimiento.

De esta manera, señaló el fiscal, se ha intensificado el desarrollo de diferentes labores de la policía judicial para recaudar evidencias y material probatorio sobre este y otros casos denunciados en El Salado por las afectaciones a defensores de derechos humanos y líderes. Además, en el marco del encuentro, se planteó la necesidad de crear una mesa técnica de seguimiento y acompañamiento a la comunidad de El Salado con la Unidad Nacional de Protección (UNP), los ministerios, el Ejército y la Policía Nacional, bajo la coordinación misional de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General.

Las instituciones discutieron el plan de coordinación de cifras sobre líderes sociales para unificar la información y analizar las denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Este trabajo se articula bajo la dirección de la vicefiscal, Martha Mancera, la delegada para la Seguridad ciudadana Luisa Obando, y la Unidad Especial de Investigación. En materia de resultados, el fiscal Barbosa indicó que, en un año, el avance de esclarecimiento de homicidios contra defensores, pasó del 51% al 63.52%, es decir, un aumento del 12%.

A menos de un mes de que se conmemore el vigésimo primer aniversario de la masacre de El Salado perpetrada en 2000, cuando más de 60 campesinos fueron asesinados, Yirley Velasco y diez miembros de esta comunidad del departamento colombiano de Bolívar volvieron a ser amenazados de muerte.

Desde hace tres años Velasco, joven lideresa social y su familia conviven con frecuentes amenazas por su trabajo de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, que desarrolla desde la Asociación Mujeres Sembrando Vida.

“De los 200 casos (de violencia sexual) que hemos atendido desde 2004 cuando arrancamos con la asociación hay unos bastante fuertes, entonces yo relaciono el tema de las amenazas a mi trabajo con las mujeres porque hay mucha gente que no quiere que se hable”, aseguró, en una entrevista telefónica con la Agencia EFE.

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