Este domingo, 24 de enero de 2020, el partido político Comunes, antiguas Farc, denunciaron el asesinato de Juan Carlos Correa, un excombatiente que se encontraba en proceso de reincorporación. Según las investigaciones, el hombre se transportaba en una moto en la vía que conduce del corregimiento de Valle de Toledo al municipio de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), lugar en donde fue abordado por hombres armados que lo secuestraron y posteriormente lo asesinaron.
Debido a este suceso, a las contantes amenazas y situación de peligro que están viviendo en el país, los integrantes del partido mencionaron a través de un comunicado que el Gobierno Nacional no los está ayudando y fueron claros que el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) que fue propuesto por los desmovilizados fue ignorado por completo, tanto que, en declaraciones, uno de los consejeros del Gobierno, aseveró que no los ex guerrilleros no han formulado ningún plan.
“Rechazamos las aseveraciones del Gobierno Nacional, en particular las emitidas por el consejero para estabilización, Emilio Archila, sobre la falta de formulación y adopción de un Plan Estratégico de Seguridad y Protección. Sus declaraciones generan desinformación con el fin de justificar su propia desidia para implementar integralmente el acuerdo de paz”, argumentaron en el comunicado.
Las declaraciones de Emilio Archila se conocieron luego de que la JEP le ordenara implementar de manera efectiva y rápida un plan de protección para los excombatientes de las Farc. “Hemos sido diligentes y puntuales”, comentó como respuesta a la petición de la institución
La petición de la JEP:
A través de una sentencia, la Justicia Especial para la Paz le exigió la Unidad Nacional de Protección cumplir con 686 escoltas para proteger los excombatientes de las Farc, ya que en septiembre del 2020 el Ministerio de Hacienda les giró los recursos para mitigar el riesgo de asesinato que sufren los desmovilizados.
“A la fecha la Sección no conoce la programación prevista para el nombramiento de los 686 agentes escoltas, ni cómo se planea y proyecta financiar su contratación, para cubrir con efectividad las necesidades del año 2021 demandadas por la población en riesgo, y su consiguiente sostenibilidad”, indicó el documento.
Además, exigieron al director de la UNP, Alfonso Campo, que en un plazo de diez días presente la acción para la protección de los excombatientes.
“...las sanciones correccionales correspondientes presente el plan de acción, con cronograma aprobado y en ejecución de forma razonable y con términos definidos sobre la forma como se proyecta evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo que se encuentran pendientes y fuera de los términos de decisión”, señala la Sección.
Según Indepaz, desde la firma del acuerdo de paz van 254 excombatientes asesinados. El último se dio a conocer el pasado 23 de enero en horas de la noche, a través de la cuenta de twitter de Omar Restrepo, representante del Partido Farc, ahora Comunes, en la Cámara.
En una entrevista con la W Radio, el 23 de enero, el director de la UNP, Alfonso Campo, aseguró que el Gobierno ha honrado, respetado y cumplido con la protección de los excombatientes de las Farc y la vida de los colombianos. Y se refirió al Plan de acción: “hoy precisamente ante los honorables magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz cumplimos entregando un informe detallado y profundo, además, contrastado por varios actores, veedurías continuas y los escrutinios de los datos en noviembre en lo que estuvieron presentes los mismos miembros de las farc”, señaló Campo.
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