Pese a las protestas, la Concesión Vial encargada de los peajes de Cartagena no suspenderá sus cobros

El detrimento de más de 300.000 millones de pesos por las irregularidades que se presentaron en la ejecución del contrato de concesión de los peajes urbanos de Bazurto, Ceballos, La Heroica y Corralito de Piedra, en Cartagena, tiene enfrentados al alcalde de la capital de Bolívar, William Dau, con la Concesión Vial S.A., encargada de hacer los cobros.

Lo anterior, luego de que la Contraloría General de la Nación diera a conocer los resultados del proceso de responsabilidad fiscal hecho a la concesión, y en el que resultaron vinculados siete exalcaldes de la ciudad, varios exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena (VAL) y exgerentes y exsubgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe).

Como resultado y respondiendo al pronunciamiento del Colegio de Abogados de Colombia, el alcalde Dau solicitó la suspensión del cobro de los peajes. “Lo más importante de todo el dictamen de la Contraloría es que ya se cumplió la tasa interna de retorno de los peajes, con eso ya vamos a proceder a liquidar el contrato por cumplimiento de los requisitos. A partir de hoy mismo le estamos diciendo al concesionario que levante las talanqueras y que dejen de cobrar los peajes”, dijo el mandatario.

Cabe señalar que, la tasa de retorno de dichos peajes, que es la forma como los concesionarios generan ganancias después de la inversión hecha para levantar las vías, se habría cumplido en 2015, lo que el movimiento ‘Cartagena Sin Peajes’ venía denunciado desde hace ya bastantes años.

Así lo señaló el concejal cartagenero Javier Julio Bejarano: “Quiero recordarle a la ciudadanía que llevamos varios años liderando una lucha con un conjunto de ciudadanos, al cual nos tildaban de locos, a los cuales sufrimos de persecución. Nos tocó liderar una consulta y buscamos un montón de firmas y la misma registraduría, en temas que todavía son objeto de investigación, nos las invalidó”.

Sin embargo, y a pesar de la solicitud formal de la administración local y las protestas de ciudadanos, que en la noche de hoy se han dirigido a los peajes a mostrar su descontento y a exigir la terminación definitiva de los cobros, la Concesión Vial S.A. comunicó que no procederá a hacer dicha suspensión.

En una carta dirigida a la alcaldía, los responsables del detrimento descubierto por la Contraloría señalaron que no tienen la competencia constitucional y legal para suspender la ejecución unilateral del contrato, que le da continuidad a los cobros. Lo que es más, señalaron que “no hemos sido notificados de las decisiones”.

De igual manera recordaron que, a la fecha no se ha “proferido al menos, pliego de cargos en contra de algunos de los vinculados que hoy cumplen rol de sujetos procesales pasivos de la acción fiscal”. En otras palabras, se rehúsan a finalizar los cobros porque, a pesar de los descubrimientos, todavía no existe un proceso judicial, ni un fallo ejecutorio, ni un pronunciamiento de fondo y definitivo, al respecto.

“Por tanto, no es vinculante para autoridad administrativa alguna, ni obliga, ni conmina a los extremos contractuales a suspender la ejecución de un contrato legalmente celebrado y sobre el cual no ha habido pronunciamiento de autoridad que evite su continuidad”.

Como si eso fuera poco, el gerente del concesionario, René Osorio, señaló que a pesar de lo dicho por la Contraloría, la tasa de retorno de los peajes no se ha cumplido, para lo que cita los informes de Edurbe, según los cuales, la tasa se encuentra en un 16,86 por ciento, 0,36 por ciento por debajo del 17,22 por ciento pactado; y que tras la expedición, el pasado 15 de enero, del decreto que ordenó no subir las tarifas de los mismos para 2021, la alcaldía cartagenera reconoció expresamente la vigencia del acuerdo, por el cual continúan funcionando.

Osorio terminó su misiva pidiéndole al mandatario cartagenero que vele por la seguridad de los trabajadores de los peajes, pues con las protestas también se han registrado agresiones a dos de las mujeres encargadas de cobrar las tarifas.

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