“Hemos sido diligentes y puntuales”: Gobierno le responde a la JEP sobre plan de protección a excombatientes

Este viernes 22 de enero, la JEP ordenó al consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, implementar lo más pronto posible un plan de protección para los excombatientes de las Farc.

En respuesta, Archila aseguró que el gobierno del presidente Iván Duque trabaja permanentemente para mejorar las condiciones de protección y de seguridad de los firmantes del acuerdo y sostuvo que “en este proceso todos debemos cumplir con los compromisos adquiridos: el gobierno con la implementación, los victimarios con la reparación, los órganos de control con la supervisión, los ciudadanos con la reconciliación y los jueces con la administración de una pronta y cumplida justicia”.

Así mismo, informó que la copia de esa propuesta fue remitida a la JEP desde el 6 de noviembre del año pasado. La Mesa Técnica de Seguridad y Protección es una instancia en la que se toman decisiones conjuntamente por representantes del Gobierno y representantes del partido Farc. La Procuraduría y la Defensoría acompañaron las sesiones de la Subcomisión en las que el Gobierno presentó el proyecto de Plan Estratégico.

A la fecha, mencionó Archila, los representantes del partido Farc en la Mesa Técnica no se han pronunciado sobre la propuesta de Gobierno. Y, además, dentro de las competencias de la Mesa no se encuentra la facultad de expedir dicho plan.

Respecto de los recursos, el consejero recordó que, juiciosamente logró con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estos días, una disponibilidad presupuestal adicional de más de $150 mil millones de pesos para atender los requerimientos inmediatos de funcionamiento del cuerpo de seguridad y protección para los excombatientes de Farc.

Archila recordó que, durante la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas efectuada ayer, el Gobierno nacional manifestó su plena disposición a avanzar en las acciones que sean necesarias para proteger la vida de los excombatientes y de todos los colombianos, y lograr que los asesinatos se reduzcan a cero.

A la fecha se cuenta con 288 esquemas de protección para excombatientes, que tienen más de 1.190 hombres de protección (escoltas) y 535 vehículos.

JEP advirtió sanciones si no se establece un plan de protección para excombatientes

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, dentro del trámite de medidas cautelares colectivas en favor de los comparecientes de las Farc y con el fin de proteger los derechos fundamentales de los excombatientes, requirió al consejero Presidencial, Emilio Archila, a que adopte e implemente, a través de la Mesa Técnica, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, incluida la sostenibilidad de los recursos administrativos y financieros necesarios.

Igualmente, el alto tribual de paz requirió al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, para que presente el plan de acción y cómo proyecta evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo pendientes y fuera de los términos de decisión.

A su vez, la JEP requirió al director de la UNP para que se lleve a cabo el nombramiento y término de contratación de los 686 escoltas y los 40 analistas que se requieren para cubrir las necesidades identificadas en el plan de acción; se destine el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 y se realice la sostenibilidad financiera de los nombramientos mientras subsista el riesgo para la seguridad de los excombatientes de las Farc-EP.

En el auto que emitió la JEP, se lee que el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, tiene un plazo de 20 días para adoptar e implementar el plan de seguridad.

Mientras que el director de la UNP, “tiene 10 días para que presente el plan de acción, con cronograma aprobado y en ejecución de forma razonable y con términos definidos sobre la forma como se proyecta evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo que se encuentran pendientes y fuera de los términos de decisión”.

La JEP advierte que, si lo altos funcionarios incumplen estas órdenes conlleva a la imposición de sanciones correccionales.

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